La violación de la Norma 26 ha derivado en la apertura de 136 denuncias, la custodia de 133 folios y 18 juicios de lesividad, pero hoy nos enfrentamos a nuevas irregularidades, prácticas, de los desarrolladores, como ocupación irregular de las viviendas por los adquirientes.

Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), señaló que esta situación se ha dado en tres inmuebles de las calles de Mayorazgo, Chicago y Uxmal, donde es imposible hacer la transferencia del inmueble y escriturarlo.

Uno de los propietarios demandó penalmente al vendedor, mientras nosotros iniciamos un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para que se actúe en consecuencia y, si es necesario, llegar a la demolición del inmueble, explicó.

Durante la firma de un convenio de colaboración y coordinación para promover la vigilancia, promoción y cumplimiento de la normativa en materia ambiental y de ordenamiento territorial, aclaró que hasta el momento no se ha procedido a ninguna demolición.

Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Seduvi, precisó que en apego a la legalidad, en los casos que comprobemos que no se está respetando la normatividad procederemos a la demolición, a fincar responsabilidades al representante legal y propietarios del inmueble, al director general de obra y a los auxiliares de administración pública que hayan participado en ese proceso.

Hoy, dijo, existe la oportunidad de revisar el marco normativo obsoleto y que no está acorde con la realidad, por lo cual se llevarán a cabo foros para escuchar a expertos, académicos y vecinos, sin que ello signifique una consulta ciudadana.

Se trata de llegar a una propuesta sólida de que lo que debe ser la ley de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y cerrar el paso al ingenio de los desarrolladores para no verse afectados. Vamos a ponerle dientes, a que sea más rígida e ir atendiendo la demanda de vivienda de la gente.

Cada año se requieren 40 mil viviendas, cuya construcción no se ha cumplido, por lo que los habitantes, sobre todo los de menores recursos, se ven obligados a hacinarse, a irse al suelo de conservación o los estados colindantes. Se busca cambiar esta situación con un nuevo ordenamiento y este convenio de colaboración, señaló.

Añadió que con este acuerdo se agilizará el intercambio de información, se conocerá si en un inmueble, desarrollo o actividad determinada se respeta el uso de suelo y sea validado por la autoridad. En tanto, se estará a la espera de la revisión que haga la Asamblea Legislativa respecto de la reforma del artículo 41 para evitar el cambio de suelo sin consultar a la ciudadanía.

Hasta el momento, de mil 500 solicitudes de cambio, el órgano legislativo únicamente ha aprobado 11, precisó.