Con la presidencia internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), México llega a la cumbre global que comienza este martes con el cumplimiento de los 26 compromisos pactados por el jefe del Ejecutivo federal y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para el ejercicio de políticas públicas. Entre los más importantes, por su impacto social: la construcción de los padrones, único de beneficiarios de programas sociales y el de integración de personas desaparecidas, tema sensible para el país.

Sin embargo, para organizaciones como Gestión Social y Compromiso (Gesoc) y Fundar, aun con la importancia de que el gobierno ha cumplido los objetivos ofrecidos en 2013, está claro que en un entorno social caracterizado por los escándalos de corrupción, conflicto de intereses y crisis de derechos humanos, los compromisos están absolutamente rebasados, advierte Alejandro González, director general de Gesoc.

Para Haydee Pérez, directora de Fundar –también representante de la sociedad en la instrumentación del plan de acción–, 2014 fue muy complejo, lo que generó tensiones sociales y un desgaste en la relación gobierno y sociedad. Pese a ello, las presiones internacionales y la inconformidad social generados por casos como la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya o el asunto de la Casa Blanca, favorecieron una actitud gubernamental más proclive a cumplir los 26 compromisos pactados.

Los pactos, insuficientes

No obstante, agrega Pérez, a pesar de la importancia que representa que el gobierno haya cumplido con estos compromisos, es evidente que distan mucho de ser la respuesta que México necesita en función de las necesidades que tiene para revertir esta coyuntura que enfrenta el país y las exigencias para enfrentar la corrupción e impunidad.

México se insertó en la AGA en 2011 a instancias del entonces presidente Felipe Calderón, quien hizo gestiones para que el país obtuviera la presidencia del organismo. Por ello, paradójicamente, en el año en que la administración actual está más cuestionada por la opacidad y corrupción, preside a escala mundial las políticas de gobierno abierto.

Entre los compromisos que asumió México está la política de datos abiertos en un conjunto de temas, en los cuales se ha avanzado, si bien en varias de las páginas de Internet aun cuando están accesibles no reportan los datos actualizados o no son realmente accesibles, como los relacionados con la industria extractiva. Por otro lado, cumplir con el reporte actualizado de personas desaparecidas motivó incluso cambios legales y reglamentarios.

Los compromisos que cumplió Mexico están centrados en cinco ejes: gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana y gobernanza de recursos naturales.

Mediante estos objetivos hay obligación de transparentar presupuestos, impuestos, información petrolera y de minería, educación y carreteras, entre otros rubros.

González sostiene que el Ejecutivo federal cumplió los objetivos que, enfatiza, fueron pactados en 2013, antes de que ocurrieran todos los sucesos de 2014 que cambiaron el escenario. Sería importante un nuevo plan de acción más ambicioso en la normatividad de corrupción y conflicto de intereses. Un proyecto que toque los derechos humanos y el acceso a la justicia, que se han colocado en el centro de la agenda.

Sin embargo, reconoce el avance en dos rubros centrales en este periodo, la construcción de un padrón de personas desaparecidas, que es un tema muy sensible en México. Un segundo ámbito, dijo, es el padrón de beneficiarios de programas sociales asociados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues los esquemas han sido un entorno donde la corrupción ha impactado negativamente.