A casi tres meses de la alerta de violencia de género que emitió la Secretaría de Gobernación para los estados de México y Morelos, el proceso de la implementación de los mecanismos de protección es lento y sin resultados, aseguraron diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, que han seguido el proceso desde su inicio.

Señalaron que en medio de la grave crisis de derechos humanos que vive el país, el tema de la violencia contra la mujer está presente de manera permanente, incluso desde el ámbito institucional. No dejamos de reconocer avances legales para erradicar la discriminación y las agresiones contra la mujer, pero la corrupción y la impunidad son factores de incremento de la violencia.

Al lanzar la convocatoria para participar en una marcha el próximo 25 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, representantes de la docena de organizaciones firmantes exigieron que México se declare en estado de alerta por violencia de género, dada la gravedad de la situación que viven las mujeres en el país.

Entre las medidas que serían implementadas con esta alerta están la definición de una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad; acciones para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas, y la elaboración de protocolos de actuación y reacción policial, así como la integración de un banco de datos de violencia contra la mujer para la correcta generación de políticas públicas en esta materia. Sin embargo, aclararon, en algunos casos ni siquiera hay un plazo o compromiso concreto para lograrlo.

Pocos casos atendidos correctamente

Entre 2012 y 2013 el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios documentó 3 mil 892 mujeres asesinadas en todos el país, pero sólo 15.7 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidios.

En conferencia de prensa, Juan Pedro Barbosa García, de Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, dio a conocer que en 2012 el número de niñas hasta de 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 372, la cifra más alta en los 10 años recientes.

Además, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 22 mil 374 reportes de personas desaparecidas que se tenía hasta principios de este año, 6 mil 725 son de menores de edad, es decir, 30 por ciento de personas cuyo paradero se desconoce.