Amnistía Internacional (AI) señaló que en México hay una epidemia de tortura que alcanzó niveles catastróficos en el año pasado, con más del doble de denuncias a nivel federal sobre casos de asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpizas.

Al dar a conocer el informe Promesas en el papel, impunidad diaria: la epidemia de tortura en México, AI afirmó que el número de denuncias por esta práctica ha aumentado a más del doble entre 2013 y 2014, ya que pasó de mil 165 a 2 mil 403, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

El organismo subrayó que del primero de diciembre de 2005 al 30 de octubre de 2014 la dependencia recibió 4 mil 55 denuncias por esa práctica ilícita: en 2006, 23; un año después, 11; al siguiente, 15; en 2009, 20, y los tres años posteriores 22, 109 y 287, respectivamente. Para 2013, la cifra se disparó.

Del total de denuncias recibidas por la PGR, sólo mil 884 se encuentran en investigación. El grueso, mil 622, corresponden al año pasado.

La organización de derechos humanos cuestionó que la dependencia federal no cuente con una cifra dura sobre el número de cargos presentados en 2014 contra los responsables de esos delitos.

También lamentó que pese al aumento en el número de denuncias, la cantidad de posibles víctimas que fueron examinadas por expertos forenses oficiales bajó el año pasado. La PGR tiene mil 600 pedidos de exámenes forenses pendientes, recalcó.

No dan el primer paso

Asimismo, cuestionó que el presidente Enrique Peña Nieto no haya presentado al Congreso de la Unión una iniciativa de ley general sobre tortura, como primer paso para abordar la crisis, cuando se comprometió a ello. Faltan menos de tres meses para que se cumpla la fecha límite en que el Legislativo debe aprobarla (enero de 2016), y la iniciativa aún no se entrega, apuntó.

Una robusta ley general contra la tortura, que signifique más que palabras y asegure justicia para las víctimas, sería un buen primer paso para que México se recupere de la profunda crisis de derechos humanos en la que está inmerso, indicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

Añadió que hace un año hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haber empeorado aún más, y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado, mientras el gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon.

AI resaltó en su informe que el compromiso del Ejecutivo en cuanto a la ley es un avance importante, sólo que estas promesas en el papel no han venido acompañadas de resultados concretos que se traduzcan en cambios en la vida de la gente. Por ejemplo, llevar a los responsables ante la justicia u otorgar reparación completa del daño a las víctimas.

La agrupación aseguró que por su parte ha pugnado por reformas legislativas con vistas a reforzar el marco jurídico para la erradicación de la tortura, pero a menos que la ley aborde la fuente de la impunidad en el país y garantice que cuenta con mecanismos efectivos de vigilancia para una implementación adecuada, las cosas no mejorarán para las miles de víctimas de tortura y malos tratos.

Consideró que el gobierno mexicano no ha demostrado que estas prácticas se estén abordando adecuadamente para garantizar su erradicación. Cuando se decidió centrar la campaña global de Amnistía Internacional en México fue precisamente porque se consideraba que era un país con recursos suficientes a su disposición para implementar metas alcanzables.

Pero hasta el momento, no ha reconocido la magnitud del desafío y tampoco ha emprendido de verdad las acciones necesarias para poner fin a este problema crucial de derechos humanos, puntualizó AI.

Su informe se difundió casi siete meses después del diferendo que tuvo el gobierno federal con el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez, después de que señaló que la tortura es una práctica generalizada en México.