rrumbada en el olvido quedó aquella propuesta de incrementar sustancialmente el salario mínimo, que en su origen, a mediados de 2014, promovió el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y de la que todos los partidos políticos se colgaron, en el discurso, porque cada uno de ellos, según dijeron, también tenían una oferta similar.

Pero más tardó Mancera en convocar a un debate nacional sobre el tema que la clase política en aventar al basurero cualquier posibilidad de que el mandato constitucional sobre el mini ingreso fuera reivindicado, mientras la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se deshizo de la papa caliente con la creación de una comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, cuya resolución –según se comprometió– se conocería a más tardar en abril-mayo del presente año, algo que, obviamente, no sucedió.

Por aquellos no lejanos ayeres la Cepal advirtió que México es el único país de América Latina donde el salario mínimo no ha crecido, y este ingreso no permite al trabajador cubrir siquiera sus necesidades básicas, como lo obliga la Constitución. Y el propio organismo subrayaba que la llave maestra contra la desigualdad es el empleo bien remunerado, con seguridad social y derechos, llave que los líderes de este país de tiempo atrás tiraron a la basura.

Más de un año después, es el Banco Mundial quien vuelve a poner el dedo en la llaga, pues en el contexto latinoamericano, advierte el organismo, el salario mínimo de México es el más bajo con relación a su PIB per cápita, mientras en el discurso oficial no deja de presumirse que con Peña Nieto en Los Pinos el mini ingreso se ha recuperado.

En 2014, Mancera –que ahora ni por aproximación toca el tema– propuso aumentar el salario mínimo en alrededor de 23 por ciento (de 67.29 a 82.86 pesos por día) en 2015 y llevarlo, gradualmente, a 171 pesos al finalizar su sexenio. En los hechos, lo más lejos que se llegó fue a un mini ingreso de 70.10 pesos y la republicana unificación salarial en esa cota. No más.

Según se acerquen las presidenciales de 2018, tal vez alguien retome la retórica de la reivindicación salarial (para echarla a la basura nada más llegue a la residencia oficial), pero el contexto anterior es útil para entender por qué el Banco Mundial (uno de los participantes más activos en eso de la modernización del país) advierte sobre el raquítico ingreso del grueso de los mexicanos como factor directo en el crecimiento de la pobreza.

En su reciente informe Poverty and Labor Brief, el Banco Mundial detalla que al contrario de lo sucedido en el resto de América Latina, de 2003 a 2013 la pobreza en México se incrementó sustancialmente en todos los sectores económicos, incluido el de servicios que se ha convertido en el motor (destartalado, pero motor al fin) de la economía autóctona.

Así, detalla el Banco Mundial, la pobreza en el sector mexicano de la minería (en el que los barones han visto crecer sus fortunas de forma constante y en proporciones mágicas) se incrementó 160 por ciento en el periodo de referencia; 122 por ciento en comercio y hotelería; 120 por ciento en servicios; 100 por ciento en manufacturas, otra de las joyas del modelo económico; 62 por ciento en transporte; 35 por ciento en servicios domésticos; 30 por ciento en construcción; y cerca de 10 por ciento en agricultura y pesca.

De ese tamaño es la recuperación del ingreso de la mayoría de los mexicanos. De hecho, el Banco Mundial especifica que cualquiera que sea su forma, el potencial del salario mínimo para reducir la pobreza depende de la medida en que se haga obligatorio para los trabajadores formales y que sirva como precio de referencia no oficial para la economía en general, incluido el sector informal. Sin embargo, aquí se ha violado el precepto constitucional desde cuando menos tres décadas y pico atrás, y cada que se recuerde este asunto la clase político-empresarial vuelve la vista a otro lado.

La pobreza por ingresos laborales, apunta el Banco Mundial, mantuvo su tendencia a la baja en muchos países en 2014. Dado que el ingreso laboral es el motor principal de la reducción de la pobreza, es importante monitorear la proporción de los hogares que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas dependiendo únicamente de su ingreso laboral. El Índice de Pobreza del Ingreso Laboral (LIPI, por sus siglas en inglés) mide la pobreza en función de si los hogares tienen ingresos laborales per cápita inferiores a las líneas de pobreza regionales. Debido a que el LIPI se basa en encuestas mensuales y trimestrales sobre el empleo), éste proporciona medidas de pobreza con alta frecuencia y prácticamente actualizadas. La pobreza, medida por el coeficiente de LIPI, ha disminuido en casi todos los países desde el segundo trimestre de 2010, aunque el ritmo de esta reducción ha sido más lento a lo largo del tiempo e incluso se ha nivelado en muchos países en los últimos años.

Pero, México fue la única excepción: después de permanecer casi estancada, la pobreza por ingresos laborales se incrementó desde 2013. No es casual, pues, que aquí sobreviva uno de cada cuatro pobres latinoamericanos, y contando, en medio de discursos triunfalistas.

Puntualiza el Banco Mundial que el auge global de las materias primas, el cual fue una ganancia neta para la región pero que tuvo diferentes impactos a través de varios países. Entre los principales países exportadores de productos básicos, Brasil y la mayoría de los países de la región Andina y del Cono Sur tuvieron buen desempeño con los salarios al alza, en particular para los trabajadores menos calificados. Sin embargo, en México y en América Central, al enfrentarse con gastos de importación más elevados y a la competencia internacional, los trabajadores con diferentes niveles de habilidades sufrieron pérdidas salariales. Y de cereza, ya viene el ATP.

Las rebanadas del pastel

En México, instalado en el mundo al revés, se dan casos verdaderamente irracionales, como el de, por un lado, bajar los impuestos a los refrescos para que los empresarios del ramo vendan y ganen más, y, por el otro, subir el precio de la leche popular para que las familias de menores ingresos consuman menos producto Liconsa, no vaya a ser que engorden. ¿Así o más equilibrado?

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