a cárcel es en sí misma una tortura, pero prisiones como las mexicanas y las de los países que se nos parecen son una tortura multiplicada muchas veces. No estar detenido por haber pagado una fianza, bajo reservas de ley, o estar amenazado por alguna orden de aprehensión, no significan la libertad; son una forma de estar encarcelado. En Puebla existen al menos 242 personas en alguna de estas situaciones, debido a la represión desatada por Rafael Moreno Valle.
Las cárceles son sitios de degradación y corrupción, aunque no de la corrupción más grave, porque esa está en las casas de gobierno. Los sufrimientos que se padecen en ellas son inadmisibles: hacinamiento hasta de 20 personas en celdas de tres por tres metros, falta de lugares adecuados para el aseo y la elaboración de alimentos propios porque los que allí dan son incomibles; amenazas constantes de todo tipo por las mafias internas y los custodios; pagos para estar en condiciones de sobrevivencia. Pero esto se agrava por las enormes irregularidades en los procesos jurídicos que se llevan a cabo.
El caso más grave entre todos estos es el de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. Hoy está detenido por órdenes del gobernador poblano, quien tiene la pretensión de sentenciarlo a 35 años más, aunque ya ha purgado casi 14 años en diferentes mazmorras mexicanas y 14 años ha firmado regularmente en los juzgados. Hay que agregar que durante los años en que tuvo libertad condicional estaba advertido de que no se podía parar en el estado de Puebla. El miedo contra Simitrio de este gobernador con miedo es por la convocatoria que tiene entre organizaciones de comerciantes y de otros sectores, y que no se doblegó ante las amenazas que le hizo para que suspendiera las protestas contra las políticas inadmisibles de su gobierno.
Rubén Sarabia está físicamente enfermo; el gobierno no parece tomar en serio este hecho y lo coloca en una sección del Centro de Readaptación Social de San Miguel en la que internan a los presos con tuberculosis, hepatitis C o seropositivos a VIH, sin tomar las medidas precautorias necesarias. Hace pocos días, un enfermo de tuberculosis murió dentro de esta sección. Cuando Simitrio sufrió una severa crisis por lesiones en el esófago, hace unas semanas, lo llevaron de urgencia a un hospital sin avisar a la familia ni a los abogados, lo intervinieron quirúrgicamente y lo regresaron a la fría celda sin mayor empacho. Cualquier cosa que le suceda al dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre será culpa de este gobernador.
Blanche Petrich nos ha dado una gran reseña de los movimientos opositores en Puebla, sobre todo de la resistencia de la organización de Simitrio y la que se lleva a cabo en Cholula por la defensa del patrimonio cultural de la milenaria ciudad (La Jornada, 11, 18 y 19 de octubre). Hay también jóvenes universitarios que son presas apetecibles para este mandatario. Detuvo a siete de ellos acusándolos falsamente y, aunque hubo de liberarlos por una fuerte presión social, les mantiene la amenaza de encarcelarlos. Mientras a El Chapo Guzmán, ya prófugo, le daban un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos, a los estudiantes se los rechazaban una y otra vez.
Todos los disidentes sujetos a medidas judiciales son en realidad una suerte de secuestrados de Estado. Se les retiene o tiene amenazados para que no actúen políticamente o autoricen lo necesario para ejecutar las obras del gobernador o de la Federación; no se encuentran en esta situación por haber cometido delitos, sino por resistirse a las políticas del Ejecutivo estatal o el federal. No se aplica la justicia: se usa forzadamente la legislación para eliminarlos como opositores.
Moreno Valle es un hombre que tiene mucho miedo, y con el miedo quiere amedrentar a sus críticos activos. Con su crueldad parece compensar sus inseguridades. Aplica una política localizada un peldaño abajo del peor horror nacional, un peldaño abajo de Javier Duarte. Pero su biografía nos indica que le gusta escalar. El abandono de la procuración de justicia en el estado –desaparición de la mayoría de las oficinas del Ministerio Público en las poblaciones medianas, reducción a la mitad de la policía ministerial– ha propiciado en muchos pueblos una avalancha de intentos y ejecuciones de supuestos delincuentes, aplicando la justicia por propia mano, porque no ven otra salida; ahí está la masacre de dos encuestadores en Ajalpan, ocurrida hace unos días. Pero los gastos en persecución de la disidencia, incluido el espionaje de sus propios correligionarios, y de su protección personal, se han incrementado considerablemente.
Pende sobre los opositores poblanos la amenaza de cárcel; los que ya pasaron por ellas están bajo la tensión de ser recluidos de nuevo, y los que tienen órdenes de aprehensión no ven reposo. Todo para asegurar una candidatura a la Presidencia de la República y quizá –fantasea– acceder a la Presidencia misma. Acción Nacional y el PRD sabrán si lo dejan pasar.
El país está lleno de crueldad, pero la peor de todas las crueldades es la que ejercen los gobernantes: es una crueldad de Estado aplicada por estos gobiernos.
