Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ha llegado el momento de discutir ‘‘con toda honestidad y seriedad la pertinencia de cambiar el modelo’’ empleado para enfrentar los problemas relacionados con las drogas y pasar de uno cerrado y reactivo a otro centrado en la protección del derecho a la salud.

El ombudsman participó ayer en el simposio Drogas y criminalidad, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sostuvo que la regulación del uso de las drogas, en particular de la mariguana, debe regirse por el respeto a los derechos humanos y que hay evidencia suficiente para decir que la política actual para reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas no ha dado los resultados que se esperaban de ella.

Explicó que él no está en favor o en contra de la autorización del uso recreativo de las drogas, sino de que se analice una estrategia integral para atender los asuntos relacionados con su consumo, producción y distribución.

‘‘La criminalización y estigmatización de las y los consumidores no son alternativas para abordar el problema. No es posible tratar bajo los mismos parámetros a quien lucra y trafica con sustancias ilícitas y genera violencia, que a quien sólo las consume.’’

En una conferencia magistral titulada Drogas y derechos humanos, González Pérez aseveró que el dinero es el arma principal del crimen organizado. Así que, dijo, el compromiso de los gobiernos para solucionar los problemas relacionados con la delincuencia se puede medir mediante la observación de su actuación en contra de las estructuras financieras criminales.

Las políticas públicas para las drogas, explicó, deberían considerar programas de salud, educación, cultura, trabajo y transparencia. Los derechos humanos deben ser el eje de estas actividades.

Agregó que la investigación científica sobre las drogas no debe verse como una apología o eventual promoción de su consumo y utilización, pues conocer más sobre ellas permite entender de mejor manera la problemática vinculada a las mismas y tener bases objetivas para formular las políticas públicas aplicables a esa materia.

A su parecer, el consumidor libre e informado, que decide por propia voluntad el consumo de una de esas sustancias, tendrá el riesgo contingente de volverse adicto a la misma, con lo cual la dimensión voluntaria del consumo se torna en un padecimiento o enfermedad que tendrá que ser visto como cuestión de salud pública en caso de que se actualice este supuesto, lo que demandaría tratamientos diferenciados por parte del Estado en cada caso.

‘‘El adicto no debe verse como delincuente. El control de adicciones deber verse más que bajo esquemas punitivos como problema de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas’’, concluyó González Pérez.