Dos de los retos que enfrentará el siguiente rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será la recuperación del auditorio Che Guevara (oficialmente llamado Justo Sierra, ocupado desde hace 15 años por diversos grupos de activistas) y el combate a los porros.

La Jornada buscó la opinión de algunos aspirantes a la rectoría para el periodo 2015-2019, quienes expresaron sus ideas para enfrentar ambos problemas en caso de llegar al cargo.

Sergio Alcocer planteó: Tendré estrecha comunicación con la comunidad universitaria y con las autoridades competentes para procurar las condiciones adecuadas a fin de recuperar el auditorio. Es algo que la UNAM no puede solucionar sola.

Sobre porrismo dijo que denunciará cualquier acto violento y mantendrá estrecha colaboración con las autoridades para que tomen las cartas que les corresponden según sus atribuciones.

Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), donde se ubica el Che Guevara, dijo que se han realizado diversas acciones, pero hasta ahora no han funcionado porque es un problema muy difícil. Agregó que no corresponde resolverlo sólo a la entidad a su cargo, sino a toda la universidad.

Juan Pedro Laclette sugirió varias ideas: informar a la comunidad sobre el estatus de las denuncias penales que se han interpuesto por la ocupación del espacio y las respuestas que han dado las autoridades; realizar una consulta para analizar las posibles opciones de acción e iniciar el diálogo con quienes lo ocupan para explorar vías de acuerdo.

Sobre los porros, señaló que debe tenerse estrecha vinculación con las autoridades locales, estatales y federales; aumentar las competencias de las oficinas jurídicas de los campus universitarios y promover la mejora continua de las estrategias de protección para cada instalación.

Javier de la Fuente aseveró que promovería el diálogo con quienes tienen en su poder el auditorio. Si no hay respuesta, se procederá jurídicamente. Sobre el segundo tema, indicó que solicitará el apoyo de las autoridades competentes para prevenir y actuar con acciones jurídicas contundentes.

Enrique Graue dijo: Primero hay que hablar con los muchachos (que lo ocupan). Son grupos que han ido cambiando. Hay que ver quiénes son, qué están buscando, hablar con ellos e ir implementando acciones. Sobre porrismo, primero diferenció entre quienes usan la violencia como método de presión y los activistas. A los primeros hay que identificarlos, denunciarlos y actuar en su contra.

Rosaura Ruiz planteó que el auditorio debe ser recuperado, pero sin causar mayor problema; se trata de generar una solución y de desanudar las hebras de un conflicto cuya raíz no se tiene bien identificada. La FFL merece un espacio libre de ese foco de violencia y de intereses opacos, aseveró.

En el tema del porrismo propuso actuar desde lo preventivo hasta lo correctivo y paliativo, buscando apoyo logístico y técnico de las autoridades federales y locales. Investigar quiénes son sus patrocinadores es tarea de las autoridades gubernamentales.

Leonardo Lomelí indicó que en el caso del auditorio se debe identificar qué grupos lo ocupan actualmente e intentar dialogar con éstos. Sobre los porros comentó la necesidad de estar en constante contacto con las autoridades gubernamentales.

En torno al auditorio Che Guevara, Fernando Castañeda señaló: Es un asunto que debe ser tratado con delicadeza. La solución se debe dar dialogando y nunca mediante el ejercicio de la fuerza.

Héctor Hernández Bringas propuso elaborar un diagnóstico de la situación y no poner en riesgo a la comunidad. La UNAM no tiene la capacidad; no está dispuesta a hacer uso de la fuerza pública. Debe privilegiarse el diálogo y establecer consensos.

Para combatir el porrismo, la seguridad externa requerirá acuerdos con las autoridades competentes y la interna necesitará fortalecer el trabajo de las comisiones locales de seguridad y buscar la colaboración de expertos.

Francisco Bolívar aseguró que aún no sabe qué hacer con el Justo Sierra, pues primero debe analizar la situación, hablar con directores, académicos, la propia Junta de Gobierno y generar consensos. “Sería muy arriesgado y peligroso de entrada decir ‘lo voy a resolver’, porque puedes meter a la universidad en una serie de problemas”.