La resolución de un juez de distrito en materia administrativa permitió que este martes la menor Graciela Elizalde Benavides, quien padece una clase de epilepsia infantil muy agresiva denominada síndrome de Lennox-Gastaut, reciba su primera dosis de aceite de cannabidiol (CBD), un derivado de la mariguana que se utiliza en diversos países con fines médicos. Lo anterior, a pesar de que el 8 de septiembre el padre de la niña, Raúl Elizalde, recibió el apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a fin de que pudiera importar el medicamento.

El titular del organismo regulador, Mikel Arriola, ofreció esta alternativa legal prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud cuando se trata de materias primas o productos terminados que se utilicen con fines de investigación, de registro o de uso personal, señaló la Cofepris, al tiempo que reiteró el apoyo para que Graciela y todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto médico y jurídico tengan acceso a medicamentos no registrados en México.

En el caso de esta pequeña lo único que se necesitaba era que su padre presentara la receta médica, lo que hasta ayer no ocurrió a pesar de que personal de la Cofepris se comunicó con él hasta en ocho ocasiones en este mes –la más reciente el pasado 19 de octubre– a fin de reiterarle el apoyo para traer el producto farmacéutico al país. Debido a que la prescripción médica no fue presentada ante la Cofepris, el organismo consignó ayer ante el mismo juez que sigue el juicio de amparo de la familia Elizalde el permiso de importación para el medicamento Epidiolex.

En tanto, los padres de la niña, el médico Saúl Garza y el abogado Fabián Aguinaco dieron una conferencia de prensa en la que se limitaron a informar sobre el proceso judicial y la suspensión concedida en su demanda de amparo por el juez tercero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Martín Adolfo Santos Pérez, para permitir la importación y aplicación del tratamiento a Graciela.

Expresaron su satisfacción por la decisión del juez, respecto de la cual el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud (Ssa) ya interpuso un recurso de apelación.

Señalaron además la cerrazón y falta de sensibilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud e incluyeron a la Cofepris, lo que los obligó, dijeron, a solicitar ante una instancia judicial un amparo que les permitiera tener acceso al medicamento.

Aguinaco dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya fue notificada de la suspensión, y confió en que el caso pueda ser atraído por la máxima instancia jurisdiccional del país.

En la conferencia no se hizo mención sobre el ofrecimiento que hizo la Cofepris para traer el producto Epidiolex, el cual no está prohibido por la Ley General de Salud y es posible importarlo para fines médicos al amparo de la fracción arancelaria 3004.40.99.

El médico Garza aseveró que el medicamento podría ayudar a reducir el número de episodios convulsivos que padece la menor, frenar el deterioro cognitivo causado por la enfermedad e incluso permitirle una vida normal. Se busca, insistió, dar mejor calidad de vida a la menor.

Dijo que, por experiencias similares, el tratamiento ha tenido éxito en otros países. En México, 50 mil niños con padecimientos similares podrían beneficiarse de esta decisión del juez.

El padre de la menor informó que el medicamento, que tuvo un costo de 250 dólares, fue solicitado vía Internet a unos laboratorios en Inglaterra, y que para poder recogerlo en la aduana del aeropuerto capitalino presentó la resolución del juez.