a ofensiva va. Con los restos de mando que le quedan, el peñato amenazó a los gobernadores con demandarlos ante la Secretaría de la Función Pública –que no servirá para esclarecer las turbias propiedades inmobiliarias de Peña y los suyos, pero sí para disciplinar funcionarios remisos (http://is.gd/ExNehs)– si no reportan, a su vez, a los maestros que participaron en el paro gremial del 12 de octubre (http://is.gd/Dja6jR). Por si hiciera falta remachar la advertencia, el propio titular del Ejecutivo federal dijo a los de la Conago que ninguna resistencia podrá frenar su llamada reforma educativa (que es, en realidad, una reforma antilaboral), elevada por alguno de sus escribas a la categoría de imperativo moral
(http://is.gd/iT2bjA ). Vaya, pues: el tamal represivo envuelto unas hojas de supuesto aroma kantiano.
Palos y palabras: el domingo, en Chiapas, la Policía Federal y el Ejército fueron lanzados contra mentores en resistencia a la evaluación prescrita en las adulteraciones legales implantadas el 25 de febrero de 2013 (http://is.gd/2aMs61). De Oaxaca, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no estamos en una acción represiva
sino cumpliendo la ley
(http://is.gd/ut3f5z). Ojalá que algún asesor le explique el concepto weberiano del monopolio de la violencia legítima para que entienda que represión y legalidad no son necesariamente contrapuestas: hay muchas formas de hacer leyes y de hacerlas cumplir, y las de ellos están siendo aplicadas mediante la represión, que no sólo es el recurso favorito de las dictaduras, sino también de los gobiernos democráticos o presuntamente democráticos desprovistos de oficio político, sensibilidad e imaginación, y/o comprometidos con intereses inconfesables.
Este es justamente el caso. La ofensiva del régimen contra la enseñanza pública viene de mucho antes de la reforma contra el magisterio y no se limita a reprimir a la CNTE y a las secciones disidentes del SNTE. Empieza por la depauperación y el abandono de las estructuras educativas, sigue con campañas de opinión en contra de las universidades públicas (esas les salen especialmente bien a los panistas) y continúa con el acoso presupuestal; el proyecto del año entrante, por ejemplo, padece de una insuficiencia manifiesta en educación y salud (http://is.gd/djpu6c), recorta los gastos de la UNAM y de la SEP (http://is.gd/8xnQDC), pero propone un incremento de 16 mil millones de pesos para el gobierno peñista. Ya en pleno control de la Presidencia, Televisa, el sector privado y sus organismos sí gubernamentales (OSG) diseñaron y aplicaron el complemento a los sistemas de exclusión de alumnos: la exclusión de maestros, mediante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ya convertido en organismo público autónomo, y cuya presidenta, por si tenían la duda, ganará el año entrante 191 mil 607 pesos mensuales.
El odio del régimen a la enseñanza pública tiene un componente pragmático y otro ideológico. El primero deriva del afán de convertir la educación –de preescolar al posgrado– en un inmenso mercado y en tantas oportunidades de negocio como mexicanos en condiciones de pagar algo por la educación de sus hijos. El segundo proviene del carácter oligárquico y clasista del régimen: es imperativo impedir que los pobres dejen de serlo y para ello es necesario destruir cualquier vestigio del sistema educativo como mecanismo de movilidad social y reconvertir las escuelas y universidades en un muro de contención que garantice la exclusividad de la enseñanza para élites y clases medias.
La ofensiva contra la educación pública conduce a una disputa que se desarrolla necesariamente en el interior del Estado y de sus instituciones, desde las agrupaciones gremiales del magisterio hasta las universidades, pasando, claro, por las normales rurales, las cuales han padecido desde hace décadas un acoso implacable en todos los terrenos.
Un ejemplo de contraofensiva social es la creación de las Escuelas Universitarias impulsadas por el Morena en ocho localidades del país. En ese y en muchos otros frentes la participación de la ciudadanía y de las colectividades en la defensa del sistema de educación pública resulta crucial en este momento y empieza por desintoxicarse de la propaganda oficial y privada que lo dibuja como un conjunto de nidos de malvivientes, holgazanes y delincuentes o, en el peor de los casos, de tontos útiles. La película La noche de Iguala es la más reciente expresión de esa propaganda, enmarcada en un episodio particular de la guerra: la embestida contra Ayotzinapa.
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