oy nuevamente México está incluido en el calendario de audiencias públicas del 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH); los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan darán cuenta de la Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.

Como sabemos, este informe se presentó el pasado 6 de septiembre y uno de sus más fuertes impactos es que se cuestionó la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero; así como se sugirió una línea de investigación, la del quinto autobús, que abre una posible explicación sobre el feroz ataque contra los estudiantes. La reacción ha sido tan ambivalente como acostumbra el Estado mexicano: ha dicho que acepta el informe, que se ampliará el plazo de la asistencia técnica del GIEI, que se realizará otro peritaje en Cocula con expertos reconocidos internacionales y del país, incluso ya es oficial la creación de una fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas ( DOF, 9/10/15), que no fue la propuesta de los familiares de los normalistas en el no diálogo en que el gobierno convirtió su entrevista con Enrique Peña Nieto fuera del recinto de Los Pinos (24/9/15).Ellos plantearon una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes; que se investigue el montaje con que se pretendió engañar a las familias.

También en días subsiguientes se recibió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la CIDH en una visita cuyo informe preliminar marcó divergencias por señalar que se observa un patrón generalizado de violaciones a garantías. La diligente CNDH intentó matizar anotando que sólo en algunas regiones. Lo real es que ambas instancias reiteraron el apoyo al informe del GIEI y el gobierno mexicano, por decir lo menos, se encuentra en apuros para sustentar con sus prácticas la supuesta política de respeto a los derechos humanos. En forma paralela se ha desatado una fuerte campaña de opinión en medios y con articulistas afines, contra el GIEI como tal y su informe, contra el secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza, contra las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Y, para colmo, el Ejército está aprovechando, en voz del secretario de Defensa, para deslindarse de toda responsabilidad, avalado por el Ejecutivo, y acusar de falsedad a quienes señalan que debería aclarar su participación en Iguala o le atribuyen responsabilidad directa en Tlatlaya.

El escenario es muy preocupante, pues decisiones como la de la PGR de colocar en su página web una parte importante del expediente Iguala encuentran buen eco en materia de una supuesta transparencia, pues obviamente fue seleccionado el material que se está mostrando, y ese hecho se convierte en justificante o legitimador de columnas sensacionalistas que están abordando declaraciones o evidencias aisladas y fuera de contexto para abonar en la criminalización a los estudiantes desaparecidos y construir la convicción de que todos fueron asesinados.

Reiteremos sin descanso que la desaparición sólo termina con la certeza y evidencia sobre su paradero. Han colocado ya el cuestionamiento a las razones y actores que los llevaron a Iguala esa fatídica noche, el trasfondo de esa oleada que busca mostrar la viabilidad de la verdad Murillo se acompaña también con una versión videodocumental La noche de Iguala. De paso la propia normal rural de Ayotzinapa resulta descalificada con todo y su proyecto histórico en la formación de maestros.

El gobierno llega hoy a la CIDH con una respuesta al GIEI mediante el llamado tercer peritaje en Cocula, cuyo basurero continúa en el centro con la llamada verdad histórica sobre la incineración de los 43 estudiantes desaparecidos. En la práctica no se abre una nueva línea de investigación o no de manera explícita; todo gira en torno a Cocula. Incluso la detención de El Gil (Gildardo López Astudillo), señalado de principal implicado en la desaparición de los jóvenes, cuyas declaraciones se mantuvieron en sigilo, no dio lugar a la apertura de escenarios distintos. En esas circunstancias el desafío del GIEI es sustentar una propuesta que contribuya a romper con el círculo vicioso en que se ha estancado la investigación y la búsqueda.

Las fechas del 26 y 27 de septiembre de 2014 sólo tienen un saldo cierto: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el dolor y la rabia que desde entonces acompaña a sus madres y a sus padres, y a todas y a todos quienes desde aquí y diversos países, acompañamos la búsqueda hasta encontrarlos y la verdad real sobre su destino. Esperamos que hoy en la CIDH resulte una propuesta que enuncie por lo menos un giro a Cocula. Hasta encontrarlos.