Mexicali, BC.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE) informó que abrió una investigación por falsificación de documentos y peculado contra tres funcionarios del Sistema Educativo Estatal, entre ellos Jesús de la Rosa Anaya, hermano de Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del estado y Andrés de la Rosa Anaya, actual dirigente estatal del PAN, quien busca ser candidato a la alcaldía de Mexicali.

Los tres, indicó la fiscalía estatal, endosaron y cobraron cheques por 3 millones de pesos que iban a ser destinados a las necesidades básicas de las escuelas del programa Beca Progreso, destinado al mantenimiento y gastos de operación de centros escolares, cuyos recursos son proporcionados por el gobierno del estado mediante depósitos bancarios, integrados por representantes de las sociedades de padres de familia.

Señaló que se detectaron 120 cheques emitidos en 2014 que fueron endosados a un beneficiario diferente a los directivos de escuelas por un millón 998 mil 176 pesos y sólo en 47 de los documentos mercantiles alterados se identificó al beneficiario: 32 cheques por 573 mil 226 pesos fueron endosados a Ernesto Padilla Rivera; 11 por 228 mil 458 pesos fueron transferidos a Jesús de la Rosa Anaya y cuatro por 79 mil 464 pesos a Alexander García Luna.

En la carpeta de investigación con número 020-2015-41596, indicó que al presentar la denuncia penal el pasado 22 de septiembre contra los servidores García Luna, De la Rosa Anaya y Padilla Rivera, la coordinadora del programa Beca Progreso, Lucía Villarreal Camarena, fue separada temporalmente de su cargo por la Contraloría del estado para evitar que infiera en la investigación administrativa.

Permanecen en sus puestos

La PGJE refirió que los tres funcionarios permanecen en sus puestos, pese a las investigaciones, debido a que la Contraloría no ha emitido ninguna medida y hasta la siguiente semana –de considerarlo procedente– el Ministerio Público solicitará al Poder Judicial del estado la vinculación de los imputados a proceso.

Agregó que la suspensión de Lucía Villarreal y la intervención de oficinas y de la documentación del programa el 16 de octubre por parte de la Contraloría estatal impidió que el expediente se encuentre inconcluso y falten pruebas documentales.

Empleados de la Beca Progreso advirtieron que las irregularidades en los cheques también fueron detectadas por funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, quienes al analizar la cuenta pública de 2014 observaron que los papeles cobrables fueron cancelados en la documentación oficial, pero cobrados de manera irregular.

Lucía Villarreal expresó confianza en que las autoridades educativas resuelvan esta situación anómala, donde podrían estar implicados más servidores públicos del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.