lementos de la policía antidisturbios de Nicaragua reprimieron violentamente ayer a mineros y habitantes del yacimiento El Limón, que tenían tomado el poblado desde hace 15 días, en reclamo de respeto a sus derechos laborales y en demanda de la reinserción de tres sindicalistas despedidos; exigencias desatendidas por la empresa de origen canadiense B2Gold, que explota el yacimiento.
Dicho acto represivo ha sido interpretado por los mineros y por buena parte de la opinión pública internacional como un alineamiento del gobierno sandinista de Daniel Ortega a los intereses corporativos de las mineras canadiense, las cuales, al igual que como ocurre en otras naciones de Centro y Sudamérica, tienen en los socavones un negocio formidable, que les permite obtener ganancias millonarias a cambio de inversiones ínfimas que se traducen sistemáticamente en bajos salarios, nulas prestaciones y condiciones de seguridad deplorables en las minas.
La recurrente conflictividad que se registra en los socavones –a consecuencia de la inconformidad de los mineros– constituye, sin embargo, un mentís al argumento tecnocrático de que la conversión de nuestros países en destinos atractivos para los capitales foráneos –mediante acciones como la privatización de la propiedad nacional, la apertura indiscriminada de mercados, la desregulación económica y el aniquilamiento de derechos sociales y laborales– derivaría en captación de divisas e inversiones que permitirían financiar el desarrollo.
La realidad, en cambio, es que la razón principal por la que los capitales foráneos invierten en nuestros países, en actividades como la minería, es porque aquí encuentran condiciones mucho más ventajosas que las que tienen en sus entornos de origen; porque se ven favorecidos por regulaciones exageradamente flexibles que se complementan con los márgenes de impunidad que prevalecen en el país, y les permite a esas empresas violentar el estado de derecho sin el temor de ser sancionadas por ello. Por el contrario, cuando los conflictos laborales crecen y se salen del control de las mineras, éstas regularmente encuentran respaldo en los gobiernos nacionales.
La conclusión obligada e inevitable, a la luz de la bonanza económica que han alcanzado esas empresas en países como México y en naciones centroamericanas, como Nicaragua, es que habida cuenta de la precariedad e incertidumbre que esas compañías originan entre trabajadores, y en vista del persistente saqueo de recursos que representa esa actividad, la agenda pública en nuestros países es determinada por los intereses privados y trasnacionales, no por la población. Tal es, en suma, el rasgo característico de órdenes institucionales débiles que terminan por claudicar ante poderes fácticos, la mayoría extranjeros, como los de las mineras.
