La delegación Cuajimalpa alberga colonias con escuelas, iglesias, calles pavimentadas, drenaje, agua, luz y teléfono, al igual que comunidades asentadas en laderas, parajes federales o comunales sin servicios, y que en conjunto suman a 16 mil residentes, que son catalogadas como asentamientos humanos irregulares, los cuales tendrían que ser desalojados por las autoridades, de acuerdo con un mandato judicial que exige la desocupación del suelo de conservación.

De esta sentencia tienen conocimiento los pobladores de Aguatengo, quienes optaron por ampararse y solicitan a las autoridades modificar el uso de suelo, que, luego de más de cinco décadas de posesión, les permitiría tener certeza jurídica de su patrimonio.

Ubicada a cinco minutos de la sede delegacional, en esta colonia, que se fundó a golpes de pico y pala por sus moradores, Amparo Piñón señaló que no son invasores y que cuentan con los contratos de compraventa de sus terrenos.

Nos costó mucho trabajo lo que tenemos, pero de nada nos sirve si no tenemos el uso de suelo, que nos permita escriturar, expresó.

En esta situación, agregó, se encuentran 172 predios, en los que viven alrededor de mil 600 personas, que por su condición no tienen derecho a ningún servicio de las autoridades.

A unos kilómetros, en una zona que contrasta por la falta de servicios, en el paraje conocido como Cola de Pato, sucede lo mismo. Félix Soto llegó en 1994 y aunque se le han extendido documentos que lo reconocen como comunero, pide seguridad jurídica sobre la propiedad de su terreno. Ya quisiera pagar el predial, no importa que me dijeran que debo hacerlo por todos los años que he estado aquí, no más que fueran pagos pausados. De otra manera estamos volando, externó.

Fernando Cruz, director de Desarrollo Urbano de la delegación Cuajimalpa, explicó que es inviable desalojar a los pobladores del suelo de conservación, por lo que han planteado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) actualizar el programa delegacional de desarrollo urbano para regularizar esta zona y reubicar, mediante proyectos de vivienda, a los habitantes de 29 de los 68 asentamientos irregulares.

Sólo se trataría de unas mil familias, que a diferencia de las colonias consolidadas, viven en áreas federales o comunales, en algunos casos, en situación de alto riesgo, apuntó, al señalar que en tanto analizan las alternativas jurídicas para evitar el desalojo que pidió un juez ante un juicio de amparo que tramitó un particular, con base a una resolución de la PAOT que ordenó desocupar los asentamientos en suelo de conservación.