Río de Janeiro.

El jefe del ejército brasileño, general Eduardo Villas Boas, alertó que la creciente tensión política que vive el mayor país de América Latina podría derivar en una crisis social, informó este martes el diario Folha de Sao Paulo.

Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, crítica, una crisis de naturaleza política, económica y ética muy seria y con preocupación de que, si continúa, pueda transformarse en una crisis social con efectos negativos sobre la estabilidad, aseguró Villas Boas durante una videoconferencia dirigida a 2 mil oficiales de la reserva, celebrada el viernes pasado y de la que no se informó hasta ahora.

Villas Boas, designado por la ahora asediada presidenta Dilma Rousseff a principio de año, añadió que las instituciones funcionan correctamente.

Brasil restableció su democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar, que comenzó en 1964 con un golpe de Estado. Tres décadas después de la transición, la sociedad brasileña sigue muy sensible ante la posible injerencia del ejército en la esfera política.

La propia Rousseff –que enfrenta amenaza de juicio político luego de que una auditoría consideró que las cuentas públicas fueron maquilladas– fue encarcelada y torturada durante la dictadura por formar parte de una guerrilla izquierdista.

Durante un acto sindical este martes en Sao Paulo, y escoltada por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el ex mandatario uruguayo José Mujica, Rousseff alertó de la naturaleza de las acciones políticas que buscan destituirla.

Hay una búsqueda incesante de la oposición de acortar su camino al poder, de dar un salto y llegar al gobierno dando un golpe, aseveró.

Yo me sublevo contra el golpismo y sus acciones conspirativas, y no temo a sus defensores. Pregunto con toda franqueza: ¿quién tiene fuerza moral, reputación inmaculada y biografía limpia suficientes para atacar mi honor?, preguntó la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT).

Además de la compleja situación política, el país que acogerá los Juegos Olímpicos del próximo año atraviesa una preocupante crisis económica, que se combina con el mayor escándalo de corrupción de su historia, que expolió a la estatal Petrobras.

Por lo pronto, el gobierno dispuso que ministros y jefes de las fuerzas armadas ya no viajen en primera clase en aerolíneas comerciales, y el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, subrayó que la economía del país necesita que el Parlamento apruebe rápidamente un plan de austeridad fiscal, que incluye la reimposición de un impuesto (CPMF) a las operaciones financieras que se traduciría en ingresos anuales por 7 mil 860 millones de dólares, para recuperarse de su peor crisis en décadas

Olvídese del CPMF. No será aprobado, dijo el opositor Arthur Maia a Levy en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, distanciado del gobierno, y quien decidirá la próxima semana un pedido de proceso político contra Rousseff por la acusación de maquillar cuentas públicas, aseveró este miércoles que no hay guerra ni tregua con el gobierno.

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre negó que el gobierno haya incurrido en pedaleo fiscal (maniobras fiscales) para el pago de programas sociales como Bolsa Familia o Mi Casa, ni que haya operaciones por las que bancos públicos financian esos programas.