Juchitán, Oax.

El juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, Isaías Corona Coronado, otorgó una orden de suspensión de las autorizaciones, permisos, aprobaciones, licencias y cambios de uso de suelo otorgados por autoridades federales y estatales a la empresa Eólica del Sur (antes Mareña Renovables), que pretende construir un parque eólico en 5 mil hectáreas de Juchitán y El Espinal.

En la ciudad de Oaxaca, al término de la inauguración de la Expo Pyme, el gobernador Gabino Cué Monteagudo sólo permitió dos preguntas sobre el tema. Interrogado acerca de la posible pérdida de una inversión de más de mil millones de pesos, respondió molesto: ¿Qué? No sé a qué proyecto te refieres. Rechazó más preguntas y señaló que es un tema jurídico y será por la vía legal como la empresa lo resuelva, pues su gobierno sólo es facilitador.

Este proyecto es el que Mareña Renovables pretendió realizar en la barra de Santa Teresa, en San Dionisio del Mar, pero ante la resistencia del pueblo ikoojt (huave) y de los habitantes de la agencia municipal de Álvaro Obregón, Juchitán, tuvo que ser reubicado, para lo cual esa empresa cambió razón social.

El parque eólico constaría de 132 turbinas marca Vestas, que producirán cerca de 2000 kilovatios. Ante la reiterada oposición de los indígenas zapotecos, las autoridades organizaron una consulta con base en el convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo, pero estuvo plagada de anomalías, según Alba Cruz, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

En noviembre pasado se realizó la primera consulta indígena. Después de nueve meses de auscultación, el 30 de julio de 2015, en un plebiscito a mano alzada, unos mil pobladores aprobaron el parque eólico número 13 en tierras juchitecas y El Espinal y el 22 en el istmo de Tehuantepec.

El 15 de septiembre de 2015 mil 166 zapotecos interpusieron un amparo ante el juzgado séptimo de distrito, por considerar que las autoridades federales, estatales y municipales violaron sus derechos al aprobar la construcción y operación del megaproyecto de energía eólica, pues durante la consulta los opositores fueron amenazados por trabajadores de la empresa y del gobierno del estado; asimismo, dijeron, se sobornó a organizaciones sociales, por lo cual la consulta fue una simulación.

En conferencia de prensa, Bettina Cruz Velázquez, Raymundo Regalado Jiménez y Alejandro Regalado, representantes de la comunidad zapoteca, además del abogado Ricardo Lagunes Gasca, consideraron la resolución del juez, emitida el 30 de septiembre, una victoria contundente en la lucha por el respeto al territorio y a los derechos de los pueblos indígenas.

Demandaron que todas las autoridades y las empresas involucradas en el proyecto cumplan la suspensión. Queremos denunciar que como consecuencia de esta resolución se ha incrementado el hostigamiento a quienes interpusimos el amparo, señalaron.

Por ejemplo, el 3 de octubre pasado un sicario fue a buscar a la compañera Bettina Cruz Velázquez a su casa, gritando que la iban a matar, y días antes, desconocidos destrozaron el parabrisas y golpearon los laterales de la camioneta de Rodrigo Flores.

En Unión Hidalgo, Miguel Jiménez fue embestido con un mototaxi, hiriéndolo gravemente, y Brígido Numenthey recibió un machetazo”, señalaron.

(Con información de Matilde Pérez)