El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reiteró en el Senado su apoyo y acompañamiento a las víctimas del caso Iguala y se solidarizó con las preocupaciones que las organizaciones sociales han expresado ante la falta de esclarecimiento de esos hechos, sobre todo por lo que hace a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), ‘‘que no ha dado resultados concluyentes’’.

El ombudsman asistió ayer a una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí, los representantes del PRI le preguntaron: ‘‘Si aún no ha concluido la investigación, ¿es propio hablar de desaparición forzada?, porque ello conlleva culpabilidad o responsabilidad de la autoridad’’.

González Pérez respondió: ‘‘Sí, está acreditada la desaparición forzada con estándares internacionales. Hubo participación de servidores públicos, policías municipales’’.

Adelantó a los senadores que la PGR ya respondió a las 26 recomendaciones y observaciones que la CNDH le formuló el pasado 23 de julio, en relación con las omisiones en la investigación. ‘‘A partir de este miércoles se llevarán a cabo una serie de reuniones con dicha dependencia para revisar observación por observación las insuficiencias que presenta la atención dada a las mismas’’. Posteriormente, dijo, se darán a conocer al público.

El titular de la CNDH sostuvo que no es posible desconocer la preocupación e inconformidad social frente a la investigación de la PGR, a la que la comisión ya le hizo 26 observaciones en el mes de julio. Del mismo modo, subrayó, es preciso que se tomen en consideración las recomendaciones hechas por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La prioridad en este caso, sostuvo, “es que se dé transparencia y certidumbre a dicha indagatoria, pero primordialmente que la misma tenga continuidad. Cualquier medida que se implemente, si de verdad aspira a ser efectiva, deberá evitar retrasar o afectar el curso de la investigación. La respuesta que se debe a las víctimas y a la sociedad no puede diferirse o quedar condicionada a estas razones’’.

González Pérez sostuvo que el organismo que preside velará por una indagatoria objetiva del caso Iguala, donde no debe haber perdón ni olvido, pero tampoco debe politizarse la desaparición de los 43 estudiantes.

La verdad, la justicia y la reparación del daño en este caso no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa, por lo que evitar que ello suceda es un imperativo ético y un compromiso de respeto hacia las víctimas y la memoria de aquellos que perdieron la vida, aseveró el titular de la CNDH.

Insistió en que el debido desarrollo de la investigación demanda que todo el trabajo de las autoridades ‘‘sea apegado a derecho’’. La única vía ‘‘para el esclarecimiento es una indagatoria científica y exhaustiva que incluya los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral lógico y objetivo de los mismos’’.

Pidió finalmente sumar esfuerzos para impedir el uso político de este caso, así como ‘‘evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los hechos vinculados al mismo, al igual que el uso descontextualizado de la información pública disponible. Requerimos pertinencia y oportunidad’’.