l proyecto del Corredor Cultural Chapultepec impulsado por el Gobierno del Distrito Federal, ha generado ya un conflicto social entre la administración capitalina y vecinos, comerciantes, organizaciones civiles y especialistas, y las objeciones a la obra se refieren tanto a la forma como al fondo.
De lo primero se señala que el corredor fue decidido sin consultar en forma alguna a la ciudadanía y que se gestiona de manera opaca, sin concurso público de por medio ni evaluación de distintas ofertas. De lo segundo se afirma que el espacio urbano proyectado no es cultural, sino comercial –lo que implica un factor de falsedad y demagogia en el proyecto–, y que afectará negativamente, en caso de concretarse, a habitantes, comerciantes, transeúntes, ciclistas y usuarios de transporte público.
Las resistencias a la construcción referida se han expresado tanto por la vía legal –el amparo promovido por comerciantes del Mercado Juárez– como por medio del debate público –al que aporta el documento #NoShopultepec / #SíChapultepec
, firmado por arquitectos, urbanistas, artistas, ambientalistas y activistas de derechos humanos–, y es inevitable suponer que si la administración capitalina persiste en su decisión de llevarla a cabo conducirá a movilizaciones y a un problema mayor.
El gobierno capitalino tiene ante sí, pues, la disyuntiva de hacer oídos sordos al clamor social en contra de su proyecto e imponerlo contra viento y marea –lo que dejaría en entredicho el lema mismo de la actual administración urbana, Decidiendo juntos
– o rectificar y abrir un margen a la participación ciudadana a fin de readecuar la obra programada en función de las observaciones aportadas por quienes se verán afectados.
Ciertamente, el Corredor Cultural Chapultepec no es un caso aislado de discrecionalidad ni de supeditación a intereses financieros y comerciales del actual gobierno del Distrito Federal; por el contrario, se inscribe en una tendencia inocultable a la aprobación de infinidad de construcciones –centros comerciales y edificios, en particular– que generan graves afectaciones a la urbe y a la vida de sus barrios y colonias. Las oficinas del Distrito Federal parecen urgidas de otorgar licencias de construcción que no tienen en cuenta aspectos ambientales, de movilidad, de mecánica de suelos ni de abasto de servicios básicos, y ello se ha traducido en una ciudad más caótica y hostil de lo que ya era hace tres años.
Sería del interés del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera recapacitar sobre el daño que tales autorizaciones provocan a la urbe y, de manera inevitable, al apoyo social de la propia autoridad, la cual se constituyó sobre una votación favorable sin precedentes –cerca de 60 por ciento de los sufragios– y ha experimentado, en su primer trienio, una clara erosión en su popularidad. Es evidente que este descenso se explica en parte por el desenfreno con el que se desenvuelven constructoras, fraccionadoras y comercializadoras, y por la floreciente especulación inmobiliaria que hace a un lado cualquier consideración urbanística y ambiental en aras de satisfacer su ambición monetaria.
La capital del país no puede, ciertamente, ser considerada una entidad inmutable y requiere de proyectos y de espacios nuevos, tanto habitacionales como comerciales. Pero la regulación y la preservación de los entornos urbanos requieren de una autoridad que vea por la calidad de vida de sus habitantes, que opere con total transparencia y veracidad en licitaciones y proyectos y, sobre todo, que construya consensos en lugar de sembrar conflictos.
