contrapelo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe ubicó a Veracruz como uno de los siete estados con mayores problemas de inseguridad, ajusticiamientos extrajudiciales y desaparición de personas, amén de la ríspida relación gubernamental con la prensa, el lunes, durante la presentación del Programa Estatal de Derechos Humanos, la secretaria técnica de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, Namiko Matzumoto Benítez, recomendó no adelantar juicios sobre la peligrosidad de ejercer el periodismo en el estado, pues habrá que esperar hasta que la CIDH emita su informe completo.

La encargada de presentar dicho programa insistió, en el acto que encabezó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que sería aventurado señalar a Veracruz como el estado más peligroso para ejercer el periodismo.

Matzumoto Benítez, familiar cercana del diputado priísta Erick Lagos y colocada en el cargo por la ex coordinadora de Comunicación Social y hoy presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez, se ha distinguido por defender a las autoridades y ha encabezado, junto con el aparato de seguridad estatal, iniciativas tendientes a limitar la libertad de expresión.

Así lo hizo a mediados de marzo de 2014 cuando, en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, envió a la legislatura un protocolo que en dos artículos polémicos imponía restricciones a reporteros y fotógrafos para la cobertura de eventos en que se pusiera en riesgo la integridad física de las instituciones policiales, la de los propios periodistas o la misma realización de operaciones, y dejaba a criterio del vocero de la SSP elegir desde dónde podrán desempeñar sus funciones sin comprometer las operaciones y que represente el menor riesgo posible para su propia integridad, indicaciones que, desde luego, fueron rechazadas por el gremio.

La defensora de los periodistas se deshizo en halagos a los presuntos avances en seguridad en Veracruz, acaso preparando el terreno para la sucesión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aspira presidir para continuar sirviendo al estado.