Tixtla, Gro.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ‘‘es una tragedia de derechos humanos, y hemos encomendado a los expertos que se encarguen de este tema en particular. Estamos aquí para ver la situación general de los derechos humanos en México’’, dijo ayer Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista en la explanada de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos recalcó: ‘‘Es muy importante para la CIDH expresar su solidaridad para con las familias (de los 43 normalistas). Estamos aquí para confirmarles que estamos con ellos en la búsqueda de justicia’’.

De la solicitud de permanencia de los expertos de la CIDH en México, para continuar con la investigación de la desaparición destacó: ‘‘Apoyamos completamente esa petición para que se queden. Es un tema que estamos discutiendo (con el gobierno federal)’’.

También mencionó que se hará todo el esfuerzo para que ‘‘el gobierno mexicano siga las recomendaciones (del grupo de expertos de la CIDH). Vamos a presentar un informe en el que se detallarán todos los temas sobre derechos humanos. Pero este tema (el de los 43 estudiantes) no es un hecho aislado’’.

Acerca de una posible reunión con integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Belle Antoine destacó: ‘‘Nos reuniremos (con los miembros del Ejército Mexicano) si es que tenemos oportunidad de hacer las preguntas nosotros’’.

A las 11 de la mañana del martes arribó a la Normal de Ayotzinapa el pleno de la CIDH, encabezado por su presidenta Belle Antoine, el primer vicepresidente James L Cavallaro y su secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, para reunirse con los padres de familia de los desaparecidos hace un año en Iguala.

La comitiva, que concluyó su visita dos horas y media después, fue recibida a las puertas del plantel por estudiantes, padres de familia y representantes de los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez.

El itinerario incluyó una reunión privada de 40 minutos y posteriormente un recorrido por la Normal. Por la tarde se reunieron a puerta cerrada con organizaciones sociales, con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, y con el mandatario electo, Héctor Astudillo Flores, sin que se dieran a conocer detalles.

Para Abel Barrera Hernández, director del Centro Tlachinollan, la comitiva de la CIDH llegó a México justo ‘‘en el límite de la tolerancia de la forma en que están tratando los casos graves de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano’’. Sin duda, agregó, ‘‘esto marca un nuevo hito en la historia de la jurisdicción en el país. Creo que este diálogo que se dio (con la CIDH) es muy diferente al que se tuvo con (Enrique) Peña Nieto. Un diálogo cercano, de mucha confianza, donde la voz de la víctima ocupó el lugar central, y donde sobre todo el dolor y la esperanza estuvieron cobijados por la CIDH en pleno’’, sostuvo.

José Sánchez, abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, ocurrida en 1995 contra 17 campesinos, entregó a los miembros de la Comisión Interamericana un oficio en el que piden su intervención para que el gobierno federal cumpla con la recomendación que la instancia internacional emitió el 18 de febrero de 1998.

‘‘Ya es tiempo de que se castigue al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a Héctor Vicario Castrejón (entonces diputado del Partido Revolucionario Institucional), entre otros, que intervinieron en la masacre a nuestros compañeros en el vado de Aguas Blancas’’, concluyó.