as elecciones autonómicas catalanas realizadas ayer se saldaron con una clara victoria para las fuerzas políticas que impulsan la independencia de Cataluña, las cuales en conjunto obtuvieron 72 de 135 escaños posibles en el Parlamento local: 62 para la coalición independentista Juntos por el Sí y 10 para la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Con más de 97 por ciento de los votos escrutados, el tercer lugar es para el derechista Ciudadanos (25 escaños), seguido por el Partido de los Socialistas de Cataluña (16), el Partido Popular (11) y la coalición Cataluña Sí se puede (11). El mayor descalabro correspondió al PP del presidente español, Mariano Rajoy, que perdió ocho escaños. Estos resultados, en los que destaca la histórica participación de 77.45 por ciento, garantizan a las fuerzas separatistas la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que a su vez les permitirá mantenerse al frente de la Generalitat (Ejecutivo Regional) y continuar la ruta de secesión del Estado español.
A pesar de estos datos contundentes, los medios de información españoles pretenden distorsionar el claro mandato de signo soberanista, con el argumento de que Juntos por el Sí y la CUP obtuvieron únicamente 47 por ciento de los sufragios, lo que los pondría en minoría numérica ante el bando del no a la independencia. Tal afirmación constituye una falacia, pues incluye en el bando del no a la coalición de izquierda Cataluña Si se Pot (Sí se puede, cuyo componente principal es Podemos), la cual mantiene una postura equidistante entre independentistas y españolistas, y si bien aboga porque Cataluña siga formando parte de España, reconoce el derecho de los catalanes a la autodeterminación. Si se excluye esta fuerza política del total de sufragios, es claro que los independentistas se alzaron con la mayoría absoluta.
Este es el último episodio de una campaña sucia contra los soberanistas orquestada por los partidos políticos tradicionales y los grandes medios de comunicación, a fin de inducir pánico entre los electores por las posibles consecuencias de la continuación del proceso independentista catalán.
Proyectado sobre el escenario español en general, este resultado electoral es desastroso para el PP y el PSOE, los partidos que se han alternado el poder nacional desde hace más de tres décadas; ambas fuerzas obtuvieron en los comicios catalanes de ayer votaciones que los sitúan en un papel meramente testimonial dentro de la política autonómica. Por otra parte, se hace más evidente que nunca la inoperancia de la institucionalidad española.
Dicha institucionalidad se ha vuelto rehén de un discurso que proclama la inmutabilidad de la Constitución de 1978 para dejar los reclamos soberanistas sin salidas legales y que, sin embargo, es un ejercicio de hipocresía, si se considera que los partidos tradicionales no han tenido empacho en alterar el texto constitucional para introducir el control del déficit exigido por la Unión Europea.
Ante la clara manifestación de la voluntad popular en Cataluña, el Estado español está obligado, pues, a hacer las modificaciones constitucionales necesarias para permitir que las nacionalidades que coexisten en su interior puedan ejercer sus derechos colectivos, incluido el de la autodeterminación. De otra manera, resultará inevitable concluir que la democracia en España es meramente enunciativa.
