o existe medianamente una descripción, ni mucho menos, palabras que expliquen y den cuenta de la tragedia, las profundas heridas y los dolores que experimentan las familias de los jóvenes normalistas desaparecidos forzadamente, ejecutados y torturados durante la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En la memoria colectiva se mantiene la indignación que crece, y se sostienen las exigencias de las víctimas. La verdad histórica del gobierno se cayó, y con ello crece la desconfianza en las instituciones del Estado. Ya no les creen, ni las familias ni la sociedad mexicana en general.

Hoy, a un año de aquellos lamentables hechos, la sociedad vuelve a salir a las calles, confronta al gobierno, y vuelve a gritar: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Y, como ya sabemos que fue el Estado el responsable, es el Estado el encargado de garantizar que los jóvenes regresen a sus hogares, el que debe reparar los daños y hacer todo lo que esté a su alcance para que jamás se repitan hechos similares, en lugar de seguir administrando la tragedia.

Las fechorías de un mal gobierno han quedado develadas ante los ojos de las víctimas y de la sociedad mexicana e internacional. No hay mecanismo alguno por el cual pueda ahora negar su responsabilidad, sus omisiones y su escasa voluntad para garantizar verdad y justicia.

En el contexto del ayuno de 43 horas, las familias asistieron a reunirse con el actual titular del Ejecutivo Federal. Los resultados se resumen en redundancias en torno a lo que ya se había comprometido anteriormente. Nada nuevo bajo el sol. Sólo quizás simulación. Sin embargo, durante este encuentro los familiares le entregaron un documento que contiene sus exigencias esenciales (http://goo.gl/o6V4wI).

Ellas y ellos de manera contundente sentenciaron que mientras no haya verdad, su lucha legítima y digna habría de marcar el sexenio peñanietista. Instaron al Presidente a estar del lado de la verdad y no de la mentira, y de paso le recordaron la indiferencia que mostró durante semanas ante su tragedia.

Ahora los familiares saben que para lograr verdad y justicia, el gobierno debe atender plenamente sus demandas. Entre éstas se encuentra la que alude necesariamente al reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda en vida de los jóvenes desaparecidos; a que el jefe del Ejecutivo realice este gesto públicamente ante el pueblo de México; y a que, después de conocer el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al mismo tiempo se declare que la investigación no está cerrada, pues se requiere una nueva, amplia y seria, y con el más alto profesionalismo y sentido ético.

Aunque la respuesta del Ejecutivo fue insuficiente, con un dejo de frialdad y de unilateridad, los familiares pusieron sobre la mesa la urgencia de que el mandato del GIEI se prorrogue por un año más, y no por seis meses, como ha propuesto el Ejecutivo. En este sentido, el que se acate plenamente el informe del GIEI es también pieza clave para avanzar en la obtención de justicia, que no puede estar sujeta a análisis, pues se trata sin duda de un trabajo respaldado internacionalmente y llevado a cabo por expertos de talla internacional y profesionalismo probado. Sería un error echarlo mañosamente por la borda.

Resulta también importante el planteamiento de las familias para que se constituya una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, que a través de dos instancias, indague específicamente acerca del paradero de los jóvenes desaparecidos, e investigue el montaje de la mentira en torno a la verdad histórica sostenida por el gobierno en enero pasado. Es urgente poner atención a esta petición, aunque el titular del Ejecutivo la soslayó y trata de escabullirse proponiendo una fiscalía para personas desaparecidas en general.

¿Cómo es posible que ante tremendas falencias en el caso de Ayotzinapa se quiera evitar entrar seriamente a la investigación del caso, tal como lo plantean los familiares? ¿Por qué se eludiría trabajar a través de esta unidad especializada, cuando uno de sus resultados probables sería investigar y fincar responsabilidades por acciones u omisiones a funcionarios de todos los poderes y niveles? Además, esta unidad especializada debe contar con la coadyuvancia de los abogados de las familias, del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como de peritos especializados, incluso internacionales.

Todo lo anterior le representa un reto al gobierno, pues, para emprender los nuevos trabajos en las investigaciones, se requiere de una institucionalidad que haga posible el derecho a la verdad y la justicia de las familias; que garantice autonomía e independencia y que genere confiabilidad entre las víctimas y en la sociedad en general, ya que esto último es una de las principales carencias que muestran las instituciones del Estado mexicano que han intervenido en el caso.

Las exigencias de las familias también abarcan la vital necesidad de un trato digno a las víctimas, tanto los familiares de los jóvenes desaparecidos como de los ejecutados y torturados. Nuevamente es imperativo que en los mecanismos de comunicación sean principalmente las familias las primeras informadas sobre cualquier dato relacionado con el caso. Es inaceptable que se antepongan estrategias y tiempos del gobierno, al dolor y la indignación de las familias.

Ayotzinapa es sin duda un punto de inflexión y de no retorno, ya lo hemos dicho. Toca el turno de nuevo al gobierno para comprometerse plenamente con las exigencias esenciales de las familias. La crisis de derechos humanos que tenemos no se resuelve obviando el dolor de las personas, y mucho menos dando largas a problemas de tan enorme envergadura. La indignación y la exigencia nuevamente están en la calle, y están creciendo. En acompañar y luchar al lado de las familias de los 43 avanzamos también en la construcción de un mundo más digno, libre, justo y en paz. ¡Justicia para Ayotzinapa!