Las adecuaciones incorporadas por la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la convocatoria para designar rector para el periodo 2015-2019 generaron diversas opiniones entre académicos.

Para algunos el hecho de que se abra la posibilidad de que los proyectos de los aspirantes se hagan públicos es positivo, porque abona a la transparencia; otros aseguraron que si bien es un avance, es insuficiente porque no se transparentarán las razones por las que se nombrará rector.

Martha Singer, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó la importancia de que la convocatoria preserve la forma en que se ha designado rector en 70 años y que al mismo tiempo haya avances en pro de la transparencia.

Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, consideró que la JG intenta responder a los reclamos de la comunidad y ubicarse a la altura de los tiempos.

En contraparte, Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas, enfatizó que aun cuando las adecuaciones no son intrascendentes, en el fondo no abonan a la transparencia total, pues se mantiene el mecanismo secreto de la Junta para el nombramiento.

La JG conserva rasgos inaceptables para una comunidad reflexiva con la capacidad de participación de más de 400 mil integrantes: la subordinación a los grupos de poder que han dominado la UNAM y que esa instancia seguirá operando en un ámbito secreto para nombrar al próximo rector. Al final serán ellos los grupos con incidencia real en la decisión.