n las últimas horas del miércoles pasado, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en presencia del máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, Timochenko, anunció que su gobierno y esa organización guerrillera habían convenido en concluir, a más tardar el 23 de marzo del año entrante, el acuerdo final de paz que ambas partes han estado negociando desde hace casi tres años. Fuera y dentro de Colombia, el anuncio ha dado lugar a felicitaciones y expresiones de esperanza de un próximo fin del prolongado conflicto armado que ha enfrentado a la insurgencia con las fuerzas gubernamentales por más de medio siglo.
Como se señaló el lunes pasado en este mismo espacio, el tramo final de las negociaciones, el más complicado y difícil, se ha centrado en la formulación de un marco jurídico que permita a los integrantes de la guerrilla incorporarse a la vida civil sin temor a ser imputados de delitos con base en sus actividades pasadas. El paso decisivo en este sentido ha sido la consecución de un Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz que incluye una Ley de Amnistía y que permitirá delimitar los alcances de la justicia en materia de delitos cometidos en el contexto de la guerra, y que regirá por igual para insurgentes y para empleados y efectivos del Estado. En todo caso, los presuntos culpables de crímenes de lesa humanidad, tortura, desplazamientos y desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y agresiones sexuales no podrán aspirar al indulto.
Más allá de los espinosos problemas que ha sido posible remontar, el histórico apretón de manos entre Santos y Timochenko, que contó con la presencia del presidente cubano, Raúl Castro, cuyo gobierno ha sido un gestor clave para el avance de las negociaciones, es mucho más que un gesto para la foto. Significa la posibilidad concreta y tangible, en varias décadas, de que el conflicto armado interno que ha desangrado a la nación hermana llegue pronto a su fin.
Aún queda por delante, sin embargo, un camino lleno de escollos, pues está pendiente la modalidad específica del desarme de las FARC –ayer se anunció que ésta no entregará sus armas al gobierno, sino a un tercer actor todavía no especificado–, numerosas precisiones sobre la manera de aplicar la jurisdicción especial, así como la aprobación de ésta por el Congreso de Colombia.
Las dificultades no se encuentran únicamente en la mesa de negociaciones. Desde que se dio a conocer el importante avance del proceso pacificador, el ex presidente Alvaro Uribe, conocido por sus nexos con narcotraficantes y paramilitares y partidario acérrimo de un aplastamiento militar de la guerrilla, reaccionó en forma por demás airada y manifestó su rechazo frontal a cualquier acuerdo entre el gobierno y terroristas
. El asunto sería anecdótico de no ser porque Uribe encabeza a un sector reaccionario con fuerza política propia que en los próximos meses buscará torpedear la concreción de la paz con todos los medios a su alcance.
Es significativo, pese a todo, que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, haya celebrado el progreso histórico
logrado por el gobierno de Santos y la insurgencia. Para ponderar este gesto debe tomarse en cuenta que tradicionalmente Washington ha sido el principal factor externo para la intensificación del conflicto colombiano y que hasta la fecha el Departamento de Estado incluye a las FARC en su lista de organizaciones terroristas. Por una mínima congruencia, es claro que el gobierno estadunidense tiene el deber de corregir tal situación y, lo más importante, de abstenerse, en lo sucesivo, de atizar el militarismo y la violencia en el país suramericano.
Cabe saludar, finalmente, la voluntad política y el valor empeñados por las partes en la ardua y prolongada negociación, reconocer el importante papel que tuvieron en ella el gobierno de Cuba y, a últimas fechas, el papa Francisco, y desear que el hermano pueblo de Colombia amanezca muy pronto en paz.
