Durante los 10 años pasados, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones económicas a funcionarios públicos por 33 mil 809 millones de pesos, debido a diversas infracciones. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la propia dependencia, durante la presente administración el monto de las sanciones disminuyó sustancialmente.

De acuerdo con la estadística de la Función Pública, de los 33 mil 809 millones de pesos, las multas por 27 mil 293 millones fueron impuestas durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando el monto de las sanciones creció sustancialmente, por lo que tan sólo en 2011 las multas acumuladas por los servidores públicos sumaron 7 mil 523 millones de pesos.

A pesar de que ha sido durante este sexenio cuando los escándalos de corrupción han aflorado al punto que han tenido como respuesta gubernamental el lanzamiento de un Sistema Nacional Anticorrupción para enfrentar el fenómeno, las sanciones impuestas en este periodo presidencial alcanzan 4 mil 849 millones de pesos entre 2013 y septiembre de 2015 (mil 770.3 millones de pesos en 2013, mil 808 millones de pesos en 2014 y mil 270 millones de pesos en lo que va de este año).

La cifra representa apenas 64 por ciento del total de multas aplicadas en 2011, cuando se alcanzó el punto máximo de sanciones, en un contexto en que, de acuerdo con el reporte más reciente del Índice Internacional de Percepción de la Corrupción, México tiene una calificación de 3.4 puntos, donde 0 es muy corrupto y 10 lo más transparente. Esta puntuación ubica a México en el lugar 115 de los países donde se midió esta percepción.

Durante la pasada administración las sanciones impuestas pasaron de 2 mil 64 millones de pesos en 2007 a 5 mil 790 millones de pesos en 2010, si bien en el último año de ese periodo las multas fueron de 3 mil 611 millones de pesos.

En cuanto a la inhabilitación de funcionarios en este periodo presidencial ya suman 3 mil 983, pero en los pasados 10 años fueron 15 mil 970. Aunque en estos renglones las diferencias entre la administración pasada y la actual no son tan acentuadas. En el gobierno panista se determinó inhabilitar a 8 mil 275 funcionarios públicos, al tiempo que se destituyó a 2 mil 518 servidores públicos.

Por lo que hace a esta administración, la dependencia –que durante los dos primeros años estaba destinada a la desaparición, hasta que los escándalos de corrupción determinaron su relanzamiento en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción– ha inhabilitado a 6 mil 564 funcionarios, en tanto se ha destituido a mil 125.

La SFP tiene otras sanciones más leves, en función de la gravedad de las faltas en las que incurrieron los funcionarios, como son la amonestación pública y la amonestación privada. En estos 10 años, en el primer caso se han amonestado de forma pública a 21 mil funcionarios, de los cuales 8 mil 278 se hizo bajo esta administración.

De manera privada han amonestado a 22 mil 931, de los cuales 8 mil 331 ha sido en este sexenio.