Con la decisión asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ‘‘fortalecer el poder’’ del gobierno federal en la reglamentación de las condiciones de ingreso, permanencia y promoción en el servicio docente, ‘‘se consolida un esquema centralista’’, afirmaron dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Luego de que el máximo tribunal determinó que existe competencia exclusiva de la Federación en la regulación del nuevo marco del Servicio Profesional Docente (SPD), a través del Congreso de la Unión, y de mandatar al Congreso de Oaxaca a elaborar y aprobar una ley estatal de educación que permita la aplicación de la reforma educativa, señalaron que ‘‘hay una regresión total al centralismo’’.

Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 el Distrito Federal, destacó que la administración federal ‘‘no respeta ni siquiera el marco vigente que aún reconoce a los estados como patrones sustitutos’’.

Agregó que al promover las controversias constitucionales contra ocho entidades –Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora, Zacatecas y Oaxaca–, el presidente Enrique Peña Nieto ‘‘propició una injerencia total en los estados, a los cuales la SCJN no les reconoce el derecho de establecer adecuaciones a los marcos normativos de acuerdo con sus contextos’’.

La decisión de la Corte, dijo, ‘‘representa un paso atrás en la descentralización educativa promovida por el propio Estado en 1992’’, y nuevamente, agregó, va a generar la inconformidad del magisterio, pues ante cualquier violación a las condiciones de trabajo, las autoridades locales ‘‘en los hechos carecen de toda capacidad para dar respuesta’’.

Al respecto, maestros de Guerrero y Michoacán señalaron que la Suprema Corte de Justicia ofrece un ‘‘nuevo respaldo a la administración peñista, que busca imponer a cualquier costo la reforma educativa, aunque ello implique violentar a los propios estados’’.

Consideraron que cada vez son más los ‘‘esquemas de control donde la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Cámara de Diputados, toman todas las decisiones sin consultar al magisterio ni considerar que no todos los contextos estatales son iguales’’.