El presidente Enrique Peña Nieto rechazó las ocho peticiones que llevaron los padres de las víctimas de la noche de Iguala al encuentro que sostuvieron a mediodía en el Museo Tecnológico y volvió a generar una reacción de profunda decepción y enojo. Horas después de la reunión fallida, cobijados por un nutrido y vociferante grupo de ciudadanos que los acompañan en su ayuno de 43 horas en el Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana, padres de los 43 muchachos desaparecidos tuvieron palabras durísimas para referirse al mandatario.

“Esa gente –dijo Carmen Mendoza, madre del normalista Jorge Aníbal Cruz– tiene la sangre helada. Su mirada lo dice todo”. Del encuentro con Peña Nieto y su gabinete salimos con mucho coraje, la verdad. No obtuvimos nada.

En los días previos al encuentro, que en el fondo no fue sino un desencuentro, el colectivo conformado por las familias de víctimas de Ayotzinapa, incluidas las de los tres jóvenes asesinados y de los dos heridos graves; sus asesores del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro, del Centro Tlachinollan y de Servicios para la Paz, elaboró un documento con ocho peticiones que entregaron al mandatario apenas empezó la reunión.

De estas ocho peticiones el gobierno no se comprometió a cumplir ninguna. De manera unilateral nos presentó seis compromisos que no son sustantivos, explicó a su vez Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares, representante legal de Tlachinollan.

Uno de los ofrecimientos del Ejecutivo fue ampliar el plazo del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por seis meses más. Los familiares exigían que se les dejara trabajar un año completo, tiempo que consideran suficiente para garantizar que la investigación de la PGR sea en efecto reorientada y se acaten las recomendaciones que este mecanismo presentó, junto con su informe, el pasado 6 de septiembre.

Peña Nieto ofreció, además, un tercer peritaje que pudiera saldar la profunda contradicción entre la conclusión a la que llegó la PGR –su verdad histórica–, según la cual los 43 jóvenes habrían sido asesinados, incinerados en una pira humana en el basurero municipal de Cocula y sus cenizas trituradas y arrojadas a un río y el peritaje presentado por el GIEI, el cual concluye que científicamente esa incineración no es posible y simplemente no ocurrió. “Con ese tercer peritaje –indicó Rosales– nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no necesitamos una tercera hipótesis. Necesitamos la verdad”.

En otro de sus compromisos, el gobierno ofreció crear una fiscalía especial para continuar con la búsqueda de los jóvenes. No es eso lo que pedimos y necesitamos. Nosotros demandamos un replanteamiento de la investigación en una unidad especializada, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Exigen que el expediente salga de la Seido y sea adscrito directamente a la oficina de la titular de la PGR.

Además, piden que se finquen responsabilidades penales contra el ex procurador general Jesús Murillo Karam; el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre; el ex procurador estatal Iñaky Blanco; el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y la responsable de los servicios periciales de la procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría.

Hoy salimos con las manos vacías, no obtuvimos nada, ni siquiera el compromiso de que van a seguir buscando a nuestros hijosFoto Víctor Camacho

En su documento, el colectivo de Ayotzinapa –familiares de víctimas, estudiantes de la normal y asesores– expresó: Mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como un símbolo de impunidad y la corrupción que reina en el país. Y le piden al Presidente que se coloque del lado de la verdad, no de la mentira.

En este texto, que finalmente fue rechazado tácitamente por Peña Nieto y quienes lo acompañaron a la reunión –el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora general Arely Gómez, entre otros– las familias de Ayotzinapa reconocen que formalmente la investigación debe continuar. Pero se preguntan cómo pueden volver a confiar en una procuraduría que quiso engañarnos una y otra vez.

La solución para revertir el daño hecho está, en su opinión, en sus ocho demandas. El Ejecutivo no admitió ninguna.

Rosales no solamente concluyó que el gobierno se negó a cumplir el pliego petitorio de las familias afectadas, sino denunció que en la entrada, pero sobre todo en la salida del Museo Tecnológico, el Estado Mayor Presidencial, responsable de la seguridad del recinto, tuvo un trato violento y poco comprometido con los derechos humanos.

Entre las madres y los padres asistió también la joven viuda de Julio César Mondragón. Se presentó: Soy Marisa Mendoza, esposa del chico que fue desollado vivo en Iguala. Informó a la prensa que la exhumación del cadáver de Mondragón, inicialmente programada para el próximo 30 de septiembre, fue aplazada para una fecha aun no definida. Para ellos son importantes otras cosas, no esclarecer cómo fue asesinado Julio César. Inicialmente, una autopsia realizada por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero concluyó que su rostro fue devorado por fauna nociva. La familia de Mondragón Fontes exige que en una nueva necropsia estén presentes los expertos del equipo argentino de antropología forense. Esto aún no ha sido acordado.

Decepción y coraje

María de Jesús Tlatempa Bello, se expresó así: Le dije al Presidente que tiene que quitarse la máscara, que tiene que ser transparente. Tiene que decidir si está con el pueblo o con los narcotraficantes. Tiene que aprender a reconocer sus errores. Y si no puede con el trabajo, que se lo deje a los expertos de la OEA, que han demostrado que saben trabajar con responsabilidad.

Y don Bernabé Abraján, padre de Adán, con su inseparable sombrero de palma y el semblante más triste que de costumbre, manifestó: Hoy salimos con las manos vacías, no obtuvimos nada, realmente. Ni tan siquiera el compromiso de que van a seguir buscando a nuestros hijos.

Otra de las peticiones rechazadas fue que Peña Nieto en su próxima asistencia ante la Asamblea General de la ONU pida la cooperación internacional para frenar la crisis humana del país.

Como muestra el caso de nuestros hijos, los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes, que solo mediante una iniciativa de esta magnitud (como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) podrán ser revertidos. Para dar forma a esta iniciativa, el pliego proponía una consulta entre víctimas, sociedad civil y academia. Fue uno más de los puntos no atendidos para las familias de Ayotzinapa.