El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Elías, informó que este año se dio el mayor decomiso de recursos de procedencia ilícita, casi 2 mil millones de pesos, y confió en que las modificaciones propuestas a la legislación en la materia permitirán un mayor combate al lavado de dinero.

Durante un foro en torno a esa ley organizado por el Senado, el funcionario comentó que la dependencia a su cargo recibe cada año 85 denuncias por lavado de dinero, y valora que la iniciativa para modificar Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita quitará cargas administrativas y aumentará los umbrales de uso en efectivo.

Igualmente, el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de la SHCP, Narciso Campos Cuevas, subrayó que en los años recientes ha habido importantes avances en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que mantener los logros alcanzados depende de tener la capacidad de mejorar el marco legal regulatorio y de supervisión.

Durante el acto, organizado por la Comisión de Hacienda del Senado, que preside José Francisco Yunes, representantes de los sectores financiero, automotriz, de subastas, casinos, joyero, de tiendas de autoservicio y departamentales expusieron que la actual legislación ha afectado y limitado la actividad económica, encarecido la administración de las empresas y puesto en riesgo algunos negocios.

Consideraron que la iniciativa debe ser una oportunidad para corregir los problemas que ha generado el ordenamiento actual.

Sólo el presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, Alfonso Pérez Lizaur, consideró que fue sencillo aplicar los lineamientos de la ley contra el lavado de dinero que entró en vigor en 2012.

Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Blanca Alcalá, expuso que el propósito del foro es hacer una reflexión amplia para reducir la carga económica que implica cumplir esas obligaciones, y también para fortalecer la prevención de operaciones catalogadas como ilícitas dentro de la economía nacional.

Igualmente, el perredista Alejandro Encinas Rodríguez hizo notar que el nivel alcanzado por el lavado de dinero en el país ha generado un empoderamiento económico de la actividad delictiva, otorgándole un gran poder corruptor que ha penetrado prácticamente todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas y a los partidos políticos.

Detalló que la Procuraduría General de la República reportó 2 mil 224 probables responsables y detenidos por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un incremento de averiguaciones dentro del fuero federal.

Durante su participación, el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, Narciso Campos Cuevas, expuso que la reforma recoge la experiencia e inquietudes operativas de los afectados, mejora la eficacia para combatir el lavado de dinero y se adecua a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Campos Cuevas insistió en que la iniciativa es oportuna, ya que México será evaluado a finales de 2016, a fin de comprobar si cumplió con las recomendaciones del GAFI.