La Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), tiene una plantilla de sólo 64 supervisores para vigilar miles de operaciones de azar y similares en todo el país.

Durante el primer semestre del año fueron realizadas mil 858 inspecciones de sorteos, según la estadística de la SG; además, refiere la aplicación de 75 procesos de vigilancia en la Lotería Nacional y 966 en Pronósticos Deportivos.

No detalla, sin embargo, el tamaño de la actividad en más de 300 casinos en operación, cuyo diagnóstico en torno a la integración empresarial y situación jurídica del sector no ha sido difundido, como se prometió al inicio del sexenio.

La dependencia tampoco precisa la forma en que 64 supervisores realizarían en su horario laboral (sin contar descansos, vacaciones o licencias) miles de intervenciones; en las cifras oficiales se hace referencia a la presencia de un enviado de Gobernación en el sembrado, concentrado, sorteo, entrega de premios, adjudicación por sorteo, verificación y conteo.

Lo anterior, sin contar la eventual presencia de vigilancia en el sector juegos, con la operación de decenas de casinos en las principales ciudades y municipios más poblados del país.

Por otra parte, los salarios de los interventores no rebasan los 9 mil pesos al mes, según el sueldo integrado ofrecido por la dependencia en una reciente convocatoria para ocupar una plaza. El jefe de los inspectores tendría un sueldo mensual de 14 mil 297 pesos.

En términos presupuestales, la Dirección de Juegos y Sorteos tendrá, además, menos recursos el año entrante, según el plan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al pasar de 104 a 94.6 millones de pesos.

La pretendida nueva ley para regular el juego en México fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero se encuentra a la espera de ser dictaminada en el Senado.

La organización civil Di no a los casinos, la cual por años ha pugnado por la no autorización de tales establecimientos, envió una carta a los senadores en la cual alerta que sin un verdadero debate se pretende aprobar ‘‘la aberrante ley’’. Subraya que estos negocios fomentan la adicción al juego y la delincuencia.

‘‘Al no acotar la operación de casinos y dar luz verde a su desenfrenada expansión en todo el territorio nacional, combinado con las oportunidades para el lavado de dinero, la iniciativa permitiría que México sea controlado por los casineros, al estilo de Cuba en la época de Batista’’, señaló.

A criterio de este grupo, encabezado por Daniel Olivares, los casinos fomentan el lavado de dinero porque no se exige la plena identificación fiscal del jugador cliente en los casinos, ni el registro pormenorizado de lo que juega.

La iniciativa en mención, agrega, no incluye la obligación de los permisionarios y de la autoridad de formar un padrón nacional de jugadores, en el que por la vía electrónica se registren los movimientos de cada uno; el blanqueo de dinero también ocurre porque no hay un registro de provedores y prestadores de servicios para el sector; igualmente se potencia este delito al abrir la posibilidad del juego en línea.