ras una misa multitudinaria celebrada en la Plaza de la Revolución de La Habana, el papa Francisco llamó a concluir con éxito el proceso de paz iniciado en noviembre de 2012 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. El máximo líder de la Iglesia católica dijo que no se debe permitir otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación, cuyas negociaciones tienen lugar precisamente en la capital cubana.

Para poner en contexto y antecedentes lo dicho por el pontífice, cabe recordar que la guerra en Colombia tiene más de medio siglo de historia, que se trata de un conflicto alimentado por múltiples factores –empezando por la profunda desigualdad social y la pobreza que padecen millones de campesinos– y que, de 1982 a la fecha, en casi todos los gobiernos que se han sucedido en el Palacio de Nariño las partes en conflicto han explorado vías para poner fin a la confrontación, si bien con distintos grados de voluntad política y reconocimiento de los motivos reales que detonaron el surgimiento de la oposición armada.

Los intentos más significativos de encontrar una salida negociada al conflicto ocurrieron durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), quien logró la desmovilización del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), y de Andrés Pastrana (1998-2002), quien impulsó la creación de una zona desmilitarizada de más de 40 mil kilómetros cuadrados para dar garantías de seguridad a las negociaciones. Sin embargo, todos los intentos anteriores de poner fin al conflicto fracasaron, principalmente porque no fue posible encontrar un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla sobre los términos de la desmovilización.

Las negociaciones actuales enfrentan obstáculos importantes, como la actitud provocadora del grupo político liderado por ex presidente Álvaro Uribe y de los sectores más reaccionarios de Colombia, quienes todavía sueñan con solucionar el conflicto mediante el aplastamiento militar de las FARC. Asimismo, existe el problema de las certezas jurídicas que se deben otorgar a los guerrilleros porque, como expresó hace unos meses el propio presidente Santos, la guerrilla no quiere ser la primera en la historia que entrega las armas para irse a una cárcel. Adicionalmente queda por resolver el problema de la seguridad para los desmovilizados. No debe olvidarse, en este aspecto, que más de 5 mil militantes y decenas de líderes de la Unión Patriótica –partido político creado por las FARC durante las negociaciones de paz con el ex presidente Belisario Betancur– fueron exterminados por paramilitares de extrema derecha a finales de los años 80 del siglo pasado.

En una pista distinta a la de las negociaciones de paz, es ineludible la necesidad de disipar la tensión provocada por el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela, toda vez que el diferendo entre estas naciones vecinas impide a Caracas desempeñar el valioso papel de intermediador que ha tenido en el pasado en la confrontación armada colombiana.

En conclusión, pese a los obstáculos y las diferencias históricas, el gobierno de Santos y las FARC deben dar muestra de flexibilidad, contención y madurez, y mantenerse firmes en la búsqueda de una solución definitiva y de fondo al conflicto armado. Ambas partes tendrán que hacer concesiones, única forma de desactivar un conflicto armado sin vencedores ni vencidos, y acaso inspirarse, para ello, en los acuerdos de paz construidos hace dos décadas en Centroamérica por bandos que hasta entonces parecían irreconciliables. El exhorto formulado por Francisco ayer en La Habana resulta, pues, más que pertinente.