La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludó la detención de Gildardo López Astudillo, El Gil, probable responsable de la desaparición de los 43 normalistas, y pidió que la información relacionada con la identificación del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz se valore de manera integral y armónica, junto con las demás pruebas que se tienen.

En un comunicado, el organismo señaló que la ciencia debe guiar la investigación sobre los normalistas y sus resultados tienen que ser valorados jurídicamente con todos y cada uno de los medios de prueba que obran en el expediente.

‘‘La ciencia es el único camino’’, pues solo de esta manera los familiares de las víctimas podrán ejercer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, además de que se sancione a los responsables de los hechos y que no haya impunidad, subrayó.

La CNDH consideró adecuado que la Procuraduría General de la República (PGR) haya instruido la integración de un equipo de trabajo formado por expertos (especialistas médicos, antropólogos y genetistas) para revisar y evaluar los más de 63 mil fragmentos óseos que –se señala– fueron recolectados del río San Juan y del basurero de Cocula, con la finalidad de hallar nuevos fragmentos viables para fines de identificación.

También se manifestó por que las autoridades tomen en cuenta las propuestas y observaciones que se plantean tanto en el informe que presentó el 23 de julio como en el dado a conocer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En cuanto a la detención de López Astudillo, la CNDH indicó que con esta acción se responde al punto 6 de las observaciones y propuestas del documento Estado de la investigación del caso Iguala, donde expone la necesidad de coordinar acciones tendientes a la ejecución de las órdenes de aprehensión que la autoridad judicial libró contra diversas personas presuntamente participantes en los hechos.

Recordó que dicho texto contiene 32 observaciones y propuestas para autoridades de los tres niveles de gobierno, donde señaladamente se patentizó la necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a las víctimas y sus familiares.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que su expediente sobre el caso está abierto y no descarta ningún aspecto de investigación.