l miércoles pasado la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, informó que uno de los restos óseos supuestamente encontrados en el basurero de Cocula había sido identificado por expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, como pertenecientes al estudiante normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, quien con otros 42 alumnos de la normal de Ayotzinapa fue víctima de desaparición forzada el 26 de septiembre pasado en Iguala. A decir de la procuradora, hay una probabilidad de 72 a 1 de que el fragmento de hueso perteneciera a alguien emparentado con la madre del joven normalista.

Por varias razones, la declaración oficial generó de inmediato el rechazo de los padres y compañeros de los 43 desaparecidos y de diversas organizaciones sociales que se han solidarizado con la lucha por su presentación, el pleno esclarecimiento del ataque del que fueron víctimas, la procuración e impartición de justicia y el resarcimiento del daño. El primer motivo de descontento es que los familiares de Guerrero de la Cruz se enteraron por los medios de las afirmaciones de la procuradora Gómez, a pesar de que la PGR se había comprometido a informarles de cualquier avance en la investigación antes de hacerlo público.

Una segunda causa de descontento es que el trabajo de los expertos de Innsbruck, por preciso que sea, no da pie para asegurar que el fragmento enviado a esa institución pertenezca realmente al joven desaparecido ni fortalece la versión elaborada por el ex procurador Jesús Murillo Karam de que los normalistas desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Anteriormente, cuando la PGR informó que había sido identificado un fragmento óseo como perteneciente al normalista Alexis Mora, otro de los ausentes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha colaborado con las autoridades mexicanas en las pesquisas, se deslindó de las conclusiones oficiales y señaló que no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan.

En tales circunstancias, la conferencia de prensa ofrecida antier por Arely Gómez, lejos de robustecer la credibilidad de la versión oficial, la debilita, por cuanto deja demasiados cabos sueltos y no ofrece datos firmes y concretos. Diversos sectores de la opinión pública se quedan con la impresión de que el gobierno federal tiene prisa por presentar resultados antes de que se llegue al primer aniversario de la atroz agresión sufrida por los estudiantes de Ayotzinapa.

Esta impresión resulta fortalecida por la captura de Gilberto López Astudillo, El Gil, a quien las autoridades presentan como autor material de las desapariciones, y quien durante casi un año, según la versión oficial, pudo permanecer prófugo aunque nunca abandonó el territorio de Guerrero. Tanto la libre circulación del presunto criminal –en una zona que tendría que estar intensamente vigilada tras la tragedia de Iguala– como su detención casi fortuita (en flagrancia delictiva, en vía pública, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de la portación de una identificación falsa), a nueve días del 26 de septiembre, parecen hechos improbables.

Si las autoridades quieren restaurar su credibilidad, dañada por las mútilples y graves inconsistencias de la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala hace casi un año, es necesario un verdadero cambio de actitud, no un mero renuevo de funcionarios al frente de las instituciones involucradas en la pesquisa.