Brasilia.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró inconstitucionales las leyes que permiten el financiamiento de empresas a campañas políticas, en un fallo dado a conocer este jueves que se validó con ocho votos a favor y tres en contra.

El ministro Luiz Fux, relator del proceso, argumentó que la prohibición de las donaciones privadas dará mayor equidad a las contiendas electorales. Estamos ante un panorama caótico en el que el poder económico se adueña ilegalmente del poder político, indicó.

Con este fallo, la presidenta Dilma Rousseff obtiene respaldo para vetar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para permitir el financiamiento de empresas a partidos políticos, pero no a candidatos independientes.

El financiamiento privado a campañas ha sido objeto de intenso debate en el último año, en especial después de que estalló un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Las grandes constructoras brasileñas, proveedoras de la petrolera, conformaron un cártel para sobrefacturar obras, con el fin de destinar parte de los recursos obtenidos de manera irregular al financiamiento de dirigentes políticos afines.

Durante el debate en el STF, la magistrada Rosa Weber sostuvo que la influencia del poder económico termina convirtiendo las elecciones en un juego político de cartas marcadas, pantomima en la que el votante es un títere, lo que destruye ciudadanía, democracia y soberanía.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una ley que permite a las empresas donar a partidos políticos, y ya no a los candidatos, como hasta ahora.

En las elecciones presidenciales de 2014, más de 80 por ciento de las donaciones a los principales candidatos brasileños vinieron de empresas privadas, según datos de la justicia electoral recabados por el periódico O Globo.

Aunque la decisión del STF no afecta directamente la autorización del Congreso, basta una nueva acción ante la corte contra esa disposición para derribarla en el futuro, con base en la prohibición determinada este jueves.

En este contexto, los partidos de oposición presentaron al Congreso una solicitud de juicio político contra Rousseff por la presunta violación de normas fiscales al manipular las finanzas del gobierno para ayudar a su relección el año pasado.

En una señal de la compleja situación para la presidenta, el pedido al Congreso fue hecho por Helio Bicudo, destacado activista de los derechos humanos durante la dictadura militar del siglo pasado, y uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, que abandonó el movimiento en 2005.

La solicitud fue redactado por otro destacado abogado, el ex ministro de justicia Miguel Reale, asesor del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña.