El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer a quienes ocupen los cargos de presidente municipal y tesorero del municipio de Zapata, Morelos, que en 30 días naturales cumplan seis sentencias de amparo que declararon inconstitucional el cobro de derechos registrales, impuesto por adquisición de bienes inmuebles y tributos adicionales. El 25 de agosto pasado el pleno ordenó separar del cargo, consignar e inhabilitar a Carlos Eduardo Martínez y Liliana García, presidente municipal y tesorera de Zapata, respectivamente, por incumplir 11 sentencias de amparo que les ordenaron devolver impuestos cobrados ilícitamente. Los ministros advirtieron que en caso de que los funcionarios no cumplan la sentencia correrán la misma suerte que sus antecesores.