El presidente Enrique Peña Nieto arriba a la mitad de su administración con la quiebra de prácticamente la mitad de las unidades de producción rural, aumento de la pobreza, con 80 por ciento de ejidatarios y comuneros marginados del financiamiento, y con la falta de cumplimiento a su palabra de una reforma profunda para el campo, asentaron las nueve agrupaciones que conforman el movimiento El Campo es de Todos.

‘‘La loza de la política equivocada y la carencia de políticas públicas coherentes ha devastado social y económicamente a las comunidades rurales. Los cambios en el gabinete son sólo de caras y de sillas; se trata de un reacomodo político que no genera mayor alteración’’, aseveraron los integrantes de la organización en conferencia de prensa.

El panorama es muy adverso, pues el gobierno ha ‘‘criminalizado la lucha de las comunidades contra los grandes megaproyectos. En julio del año pasado entregamos a la Secretaría de Gobernación una lista de 80 presos –ninguno ha sido liberado–, así como la existencia de 150 conflictos sociales generados por los proyectos mineros. No hay respuesta a ninguno de los planteamientos. Esto, más casos como el de los jornaleros de San Quintín, Baja California, y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, aumenta la erosión del tejido social’’, asentó Francisco Jiménez Pablo, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN).

Los campesinos e indígenas siguen sumergidos en rezago y abandono. ‘‘No hay cambios sustanciales y se sigue aplicando la misma política neoliberal que favorece las importaciones, mantiene en el piso los precios de los granos y no reconoce las asimetrías en el campo’’.

Julio Cervantes, de la Central Campesina Cardenista (CCC), ejemplificó: ‘‘En el primer trimestre de este año, el gobierno gastó 585 millones de pesos por la importación de maíz amarillo, y se estima que en el mismo periodo del próximo año la cantidad se eleve a 658 millones por la devaluación del peso frente al dólar. El tipo de cambio también repercutirá en el costo de la urea, la cual pasará de 9 mil 600 a 10 mil 800 pesos la tonelada; además, los precios de los alimentos al consumidor se han elevado en 5 por ciento’’.

Insistieron en una reforma integral y progresista del campo, ‘‘que termine con los dogmas y la dependencia social que ata a los productores del sector social’’, y exigieron desterrar viejas fórmulas que fomentan sólo el desarrollo de los agroempresarios, cuyas cifras optimistas no impactan en los ingresos y condiciones de vida de los pobladores rurales.

Convocaron al gobierno a que ‘‘en un marco de participación democrática se defina el destino y uso de suelos, aguas y recursos naturales para construir la reforma para el campo que revierta el estancamiento social y productivo’’.

Milo Montiel, de la CNPA, y Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, consideraron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se ha convertido en una institución para que los políticos ‘‘descansen’’.