Montevideo.

El gobierno uruguayo decretó este lunes que la educación pública es considerada un servicio esencial por lo que los maestros y profesores deberán levantar la huelga iniciada horas antes en demanda de aumentos salariales y que se asigne 6 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación.

El decreto de esencialidad, que comenzará a regir el miércoles, se impone por sobre el derecho a huelga y si los gremios deciden continuar los paros se exponen a sanciones graves.

Los maestros de primaria y profesores de la enseñanza secundaria iniciaron este lunes una serie de huelgas en reclamo de mejores salarios que prometían paralizar la educación pública durante toda la semana.

Es deber del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación y Cultura garantizar la asistencia a clase de todos los niños y adolescentes del país, dijo la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz al anunciar la medida en conferencia de prensa.

En las redes sociales, distintos voceros de los gremios educativos criticaron la decisión y la calificaron de ilegal aunque aún no han tomado una resolución sobre los pasos que tomarán.

El conflicto no es sólo salarial, ya que los sindicatos también pretenden que el presupuesto educativo reciba 6 por ciento del Producto Bruto Interno y rechazan una propuesta del gobierno de condicionar un eventual aumento de sueldos al cumplimiento de metas educativas y al compromiso de no realizar huelgas.

Los profesores de enseñanza secundaria iniciaron un paro de 72 horas que, como el martes es feriado en Uruguay, se extendería hasta el jueves. Reclaman un salario mínimo de 30 mil pesos (unos mil 40 dólares) y rechazan una propuesta de las autoridades de llevar el salario mínimo a 25 mil pesos (unos 865 dólares). La filial del sindicato en Montevideo comenzó hace siete días una huelga por tiempo indeterminado por idéntico motivo.

En cuanto a los maestros de primaria, los de Montevideo comenzaron un paro de actividades por toda la semana también en reclamo de un salario mínimo de 30 mil pesos.

La situación provocó múltiples críticas y cuestionamientos en la prensa y las redes sociales, algunas de las cuales apuntaron a que mientras el sistema público educativo se ve paralizado por segunda semana las clases en escuelas y liceos privados se desarrollan normalmente.

Los paros afectaban a unos 350 mil niños que concurren a las escuelas públicas y 299 mil adolescentes que asisten a los centros de estudio estatales de secundaria. La población total de Uruguay es de 3.3 millones de habitantes.

La serie de paros coincide con la discusión en el Parlamento del presupuesto quinquenal del que dependen en gran medida los ajustes de salarios de los docentes y otros funcionarios públicos.

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en un consejo de ministros en marzo que para elaborar el presupuesto el gobierno se manejaría con especial cautela por el efecto en la economía de Uruguay de un complejo contexto internacional.

Desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez el 1 de marzo la economía ha dado señales de desaceleración, tensando la relación entre el gobierno y los sindicatos. El porcentaje de desempleados ha experimentado pequeñas subas en los últimos meses y alcanzó 7.4 por ciento en junio, la última cifra oficial disponible.