San Juan.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, manifestó ayer su decepción por la decisión del tribunal del primer circuito de Boston de declarar inconstitucional la ley de quiebra de la isla.

El fallo de la justicia estadunidense, expuso García Padilla, priva a Puerto Rico de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones públicas.

Se trata de una aplicación de la ley federal que es injusta para Puerto Rico, sostuvo. Destacó que se impide a la isla tener su ley de recuperación y la protección del capítulo nueve de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

García Padilla acusó a los tribunales estadunidenses de restringir a Puerto Rico la aprobación de una ley de recuperación y no conceder ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación.

Puerto Rico, desde 1952 estado libre asociado a Estados Unidos, que lo mantiene bajo su dominio colonial tras invadirlo en 1898, avanza hacia la bancarrota, con una deuda superior a 70 mil millones de dólares.

Ante esa situación la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la Recuperación de las Corporaciones Públicas, con el propósito de negociar con los acreedores de Wall Street, pero el tribunal de distrito de Estados Unidos en San Juan la declaró inconstitucional por considerar que el campo está ocupado por la legislación federal.

La decisión fue recurrida por el ministro puertorriqueño de Justicia, César Miranda, al considerar que “no se trata de un campo ocupado, porque Puerto Rico está excluido de la Ley estadunidense de Quiebras. La decisión del tribunal de circuito de apelaciones de Boston deja a Puerto Rico en la indefensión, por lo que se evalúa apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, subrayó Miranda.

César Miranda consideró que es irracional que el Congreso haya excluido a esta isla del Caribe de la Ley de Quiebras y, a la vez, le impida legislar para su protección.

Vamos a exigir a Washington un trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos. Es importante hablar con una sola voz para lograr una acción de la Casa Blanca y del Congreso, expresó García Padilla.