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Retomarán en septiembre su discusión: senador Omar Fayad

No está muerta ni congelada la iniciativa sobre seguridad de Peña
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de julio de 2015, p. 18

La iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, no está muerta ni en la congeladora legislativa, aseveró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Omar Fayad.

Será en septiembre próximo, una vez que comience el periodo de sesiones cuando se retomará la discusión de esas reformas, abundó Fayad. En comisiones se acordó que se analizarían los temas de esas reformas y se discutiría a fondo.

El senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional señaló: la propuesta del Ejecutivo tal y como la envió al Senado no va a prosperar. Hubo un acuerdo en comisiones para analizar los temas de las reformas a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Carta Magna, se va a legislar por temas.

Por ejemplo, el PRD no apoyará la desaparición de las policías municipales, hay que analizar cada caso. En lo que toca al mando único tampoco hay acuerdo en que los estados y /o la Federación asuman el control de todos los municipios, ahí se está trabajando una propuesta integral.

El senador panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, destacó que la propuesta del Ejecutivo será modificada sustancialmente. Los panistas dijimos que era inaceptable esa reforma tal como la envió Peña Nieto. Pedimos que se haga un análisis municipio por municipio en materia de seguridad. Estamos elaborando nuestra propuesta y que en septiembre se pueda retomar la discusión del tema.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, manifestó que no está muerta la propuesta del Ejecutivo, no hay un dictamen en contra, lo que se acordó en comisiones fue analizar los temas; así, por ejemplo, se sacó de la propuesta de Peña Nieto la reforma al artículo 73 constitucional, y ya se aprobó el cambio que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de desaparición forzada de personas y tortura.