Un juez federal negó la suspensión definitiva al comandante del 102 batallón de infantería, involucrado en el caso Tlatlaya, después de que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y varios jueces federales negaron que exista alguna orden de aprehensión en su contra.

Según fuentes del Poder Judicial Federal, la juez Martha Estréver, dentro del juicio 1048/2014, negó la suspensión que el propio coronel Raúl Castro Aparicio presentó, debido a que las autoridades señaladas como responsables en su petición de amparo negaron el acto reclamado. El mando militar presentó una demanda de garantías contra cualquier orden de aprehensión, arresto o acto privativo de libertad, así como contra su posible incomunicación y maltrato.

Castro fue removido del mando del 102 batallón de infantería semanas después de la masacre de 22 civiles.

Según consta en la causa penal abierta por los hechos de Tlatlaya, varios testigos, entre ellos dos mujeres que sobrevivieron el 30 de junio de 2014 en el interior de una bodega de ese municipio del estado de México, dijeron que el coronel llegó al lugar de los hechos un par de horas después del enfrentamiento.

Autoridades ministeriales aún no definen si Castro tuvo alguna participación en la alteración de la escena del crimen.

El juez del caso es Víctor Luna Escobedo, titular del juzgado cuarto de distrito de Toluca, quien ha recibido la colaboración del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México.

Inicialmente fue el juzgado primero el que conoció del asunto (mediante exhorto judicial) y sujetó a proceso penal a los presuntos responsables (presos en el Campo Militar ubicado en la ciudad de México), y después devolvió el expediente al juzgado cuarto, donde actualmente se encuentra en trámite el desahogo del proceso.

En tanto, de las constancias de autos judiciales se desprende que 16 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, a manos de elementos castrenses, eran menores de 30 años de edad y, en promedio, recibieron entre dos y siete impactos de bala, de acuerdo con los peritajes practicados por los médicos forenses.

Los más jóvenes del grupo de 22 fueron los que murieron con más saña.

De acuerdo con el peritaje del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, elaborado el 30 de junio de 2014, el cadáver con más perforaciones de bala es el de un joven de 18 años y 1.69 metros de estatura que presentó 17 orificios en pulmones, corazón, hígado, estómago y piernas.

Después, está el de un muchacho de 25 a 30 años y estatura de 1.78 metros que murió por 14 heridas de bala en el abdomen, tórax, hombro izquierdo, brazo izquierdo y antebrazo derecho e izquierdo.

Le sigue otro de 20 a 25 años, estatura de 1.60 metros, con 12 heridas de bala que laceraron su corazón, pulmones e hígado. Un joven de su mismo promedio de edad y 1.56 metros de estatura, perdió la vida por 10 heridas en el corazón y pulmones, principalmente.

Érika Gómez, la única mujer entre los 22, tenía apenas 15 años cuando cayó abatida por ocho lesiones de bala y esquirlas en el tórax, abdomen, rodilla derecha, muslo y hombro izquierdos.

Para la Procuraduría General de la República, sólo ocho de los 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados por los miembros del 102 batallón de infantería y sólo tres de los militares habrían sido los ejecutores.