La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar versiones públicas de los partes militares sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya el año pasado, donde presuntos delincuentes fueron ejecutados por militares el 30 de junio del año pasado, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El pleno del instituto determinó que las fuerzas armadas entreguen a una particular los siguientes partes informativos: el del mando a cargo de los soldados que participaron en los hechos de Tlatlaya; el del superior jerárquico, y el del comandante de la 22 Zona Militar, indicó en un comunicado.

Como los partes militares pueden contener datos personales que son confidenciales, la dependencia deberá proporcionar una versión pública de los mismos, precisó.

Peritajes de las procuradurías General de Justicia del estado de México y General de la República revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército mexicano el 30 junio de 2014 dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares, informó La Jornada (23/06/2015).

La Sedena respondió en un primer momento que no existían tales partes militares y orientó a la solicitante de la información a presentar su requerimiento a las procuradurías General de la República y General de Justicia del estado de México, así como consultar boletines de prensa emitidos por la secretaría sobre el caso Tlatlaya.

Posteriormente, en respuesta ampliada, reconoció la existencia de los partes, pero señaló que estaban clasificados como reservados por estar integrados a una causa penal en periodo de instrucción, en el juzgado sexto militar, por delitos y faltas contra la disciplina militar, que no constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Inconforme con la respuesta, la solicitante interpuso un recurso de revisión, el cual fue turnado a la ponencia del comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, quien en el proyecto de resolución presentada ante el pleno del Inai propuso modificar la respuesta de la Sedena, ya que los partes militares requeridos fueron preexistentes a las diligencias en el juzgado militar”.

La difusión de los partes informativos no causan un serio perjuicio a la impartición de justicia; tampoco afectan las estrategias en procesos judiciales o administrativos, ni mucho menos constituyen expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio pendientes de causar estado, aclaró.

No es susceptible de clasificarse como reservada la información solicitada, debido a que su contenido da cuenta del ejercicio de las funciones sustantivas del ahora sujeto recurrido respecto de un acontecimiento relevante en materia de derechos humanos, donde hubieron decesos por causa de un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, concluyó Guerra Ford.