En los pasados 10 años aumentaron 600 por ciento las quejas por tortura en México, así como la impunidad. Una prueba de esto es que entre 2005 y 2013 sólo se lograron obtener siete sentencias condenatorias por la comisión de este delito, aseguró Amnistía Internacional (AI)

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, AI señaló que esta práctica es generalizada y persistente en el país, y que el gobierno ha apartado la vista ante ella.

Las cifras anteriormente citadas, de acuerdo con el director del organismo en México, Perseo Quiroz, ponen de manifiesto la impunidad imperante que favorece un patrón de repetición.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Estado mexicano atender las recomendaciones emitidas por organismos internacionales para investigar y sancionar casos de tortura.

En un comunicado, la CNDH se pronunció por que en el país no se repitan hechos como los ocurridos en Tlatlaya e Iguala.

Llamó a sociedad y autoridades a establecer un frente común de combate a este flagelo y de fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos fundamentales.

La CNDH expresó su solidaridad con todas las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El organismo nacional invitó a las autoridades y a la sociedad a reflexionar conjuntamente sobre todas aquellas medidas tendentes a prevenir y erradicar esa práctica nociva que degrada tanto a quienes la reciben como a quienes la cometen.

Sin sanciones

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, indicó que continúan recibiendo informes de violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.

Cuestionó que pese al incremento de la tortura, el gobierno no ha puesto en marcha protocolos de prevención, como tampoco ha ejercido sanciones para los funcionarios públicos que cometen este delito.

Aseguró que la capacitación de los funcionarios es sólo un paso mínimo para atender este grave problema. La tortura no será erradicada si quienes la practican no rinden cuentas ante la justicia y la víctimas no son reparadas del daño por su sufrimiento, afirmó.

Integrantes de AI se movilizaron frente a la Procuraduría General de la República para exigir un alto a la tortura y por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.

También protestó desde temprana hora la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, encabezada por Adrián Ramírez, quien manifestó su desacuerdo por que el Estado mexicano minimice la gravedad de la tortura y la desaparición forzada en el país.

Estamos ante la crisis más grave de derechos humanos de toda la historia de México. Consideró que el incremento de la tortura repuntó a partir de 2006, cuando comenzó la guerra antinarco del ex presidente Felipe Calderón.

Derivado de esta guerra, continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, estamos llegando a cerca de 200 mil muertos, más de 60 mil detenidos-desaparecidos y miles y miles de personas víctimas de tortura, afirmó.

Además, dijo, hay cárceles llenas de presuntos culpables o delincuentes menores a los que se acusa de cometer hechos graves. Asimismo apreciamos que el gobierno minimiza las cifras, las descalifica e incluso agrede y ataca a activistas internacionales.

Durante la protesta contra el incremento de la tortura, un miembro del grupo teatral Arte Acción 2012 se desnudó frente a la entrada de la PGR, y con un bisturí se realizó cortes en la frente y el pecho, en señal de reclamo por la falta de resultados para frenar esa práctica y por encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Activistas también hicieron un performance, colocando bultos en el piso para simular cuerpos de personas desaparecidas o torturadas.

En la concentración estuvo Ángel Amílcar Colón Quevedo, originario de Honduras, quien aseguró que fue torturado tras ser detenido en marzo de 2009 en la colonia Fresno de Tijuana, Baja California. Agregó que policías municipales lo entregaron a autoridades estatales y luego federales, acusado de ser un capo colombiano.

Los integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos también realizaron una concentración frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.