A casi tres meses de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenara a la Secretaría de Gobernación cancelar los datos biométricos del iris de los ojos y las huellas dactilares de dos menores de edad a petición de sus padres, la dependencia aún no ha acatado la instrucción.

El argumento: se carecía del protocolo de seguridad para realizar esta operación, mismo que ya ha sido aprobado, por lo que, en principio, estaría por cumplimentarse.

La insólita instrucción del Inai –que cuando se resolvió aún era el Instituto Federal de Acceso a la Información– se ha retrasado en su cumplimiento, aunque, dijo el comisionado ponente en el caso, Francisco Javier Acuña, ha habido responsabilidad de ambas partes.

La resolución del 25 de marzo otorgaba hasta el 17 de abril para que los padres acreditaran la personalidad jurídica ante la dependencia y se procediera en consecuencia.

Este paso ocurrió hasta el 7 de mayo pasado, lo cual, dijo Acuña, implicó ya un retraso atribuible a la parte afectada. Con ello el plazo de 10 días para cumplir la instrucción pasó del 27 de abril al 17 de mayo, aunque a la fecha la Secretaría de Gobernación no ha acreditado haber retirado la mencionada información de la base de datos del Servicio Nacional de Identificación Nacional.

En los hechos, el retraso ya es de un mes, pero en el periodo la dependencia justificó su incumplimiento al notificar al Inai que carecía de los protocolos de seguridad para realizar esta operación.

Imaginó que cuando se construyó este sistema no se pensó en que eventualmente podía darse de baja alguna información y, por tanto, no contaba con el procedimiento adecuado.

Acuña informó que el pasado 18 de junio, a un mes del incumplimiento, la dependencia reportó oficialmente al Inai que ya contaba con el mencionado protocolo, por lo que el organismo está a la espera para que en breve Gobernación dé a conocer que ya pudo retirar la información cancelada.

En su momento, la madre de los menores argumentó que el programa de la cédula de identidad para menores, instrumentado en el sexenio de Felipe Calderón, estaba prácticamente paralizado y ante la inutilidad de poseer dicha información de sus hijos, solicitó la baja.