Cancún, QR.

Familiares y vecinos marcharon del palacio municipal de Benito Juárez –demarcación cuya cabecera es Cancún– a las oficinas de la representación del gobierno estatal, para exigir que se haga justicia en el caso de los adolescentes de 13 años JCRG y ROR, acusados de abusar sexualmente de una prima suya de dos años.

Los manifestantes ofrecieron su apoyo a María Jesús Rodríguez, madre de la pequeña agredida, y mostraron pancartas con leyendas como Ya basta de abuso hacia las niñas, Ya no más abusos, ¿dónde estás Peña? y Ya basta de injusticias.

Antes de recorrer el kilómetro y medio que separa a la alcaldía de las oficinas del gobierno de Quintana Roo, los inconformes se plantaron durante media hora frente al palacio municipal, donde exigieron infructuosamente que el alcalde Paul Carrillo de Cáceres saliera a explicar cómo trabajará su administración para solucionar el problema de los menores que delinquen. El contingente tampoco fue atendido en la representación del gobierno estatal.

Acompañada por su esposo, Víctor Manuel Pat, María Jesús dio a conocer que con la mediación de la Comisión de Derechos Humanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal le envió sicólogos para que la traten, igual que a su marido, pero la niña, quien fue la directamente agredida, no recibe tratamiento especial porque en la entidad no hay un solo sicólogo pediatra. Por ello, la niña sólo está en tratamiento médico por las lesiones que sufrió durante la violación de que fue víctima.

María Jesús demanda justicia, pues no sabe ni siquiera dónde están los menores acusados –quienes serán juzgados en libertad, como lo estipulan la Ley de Justicia para Adolescentes, la Constitución mexicana y la Carta Magna de Quintana Roo–, y lo más reciente que se supo es que se fueron a Playa del Carmen, pero desde allá pueden huir a cualquier lugar, dijo.

Asimismo, pidió apoyo a las autoridades judiciales, pues a pesar de la gravedad del asunto, fijaron como primera fecha de audiencia el 10 de junio.

Proceso en libertad

Los padres de familia que participaron en la marcha anunciaron que seguirán con las movilizaciones para presionar a que las autoridades apliquen las medidas pertinentes de protección a la infancia.

JCRG y ROR, a quienes se atribuye atacar sexualmente a seis mujeres parientes suyas, fueron entregados a su madre y abuela el domingo pasado para enfrentar su proceso en libertad, bajo reservas de ley, mientras el juez en turno agota el proceso.

El vicepresidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Gerardo Ortiz Barreto, consideró que si los menores señalados fueran declarados imputados, la sanción sería de ocho a 10 años, aunque como lo estipula el artículo 177 (del Código Penal de Quintana Roo), el internamiento de un menor debe ser algo excepcional; en el caso de la abuela, como cómplice de los hechos (al solapar la conducta de los adolescentes), se debe a una conducta humana por la filiación y sería muy difícil acusarla.

Además del ataque que padeció la hija de María Jesús y Víctor Manuel, en las pasadas cinco semanas han ocurrido varias agresiones sexuales contra menores en Cancún. El 13 de mayo la policía judicial del estado detuvo a Jorge Carlos del Carpio Verdugo, acusado de violar a una niña de cinco años que dos días antes fue hallada inconsciente en un área verde, con una fractura en la cabeza y otros golpes.

El 2 de mayo, en el fraccionamiento Villas del Mar, un niño de cuatro años fue asesinado a golpes, aparentemente a manos de su padrastro. El 15 de abril María Fernanda Vargas Sánchez, de 13 años, fue encontrada muerta y víctima de abuso sexual en un camino de terracería a un costado del fraccionamiento Paseos del Mar, donde vivía.

90 por ciento de los padres de los afectados no denuncian las agresiones

Carlos Águila Arreola Corresponsal

Cancún, QR.

De los 193 mil 300 niños que habitan en Quintana Roo, 75 por ciento (145 mil) ha sido víctima de algún tipo de violencia física, verbal o sicológica, y de estos 25 por ciento han sido atacados sexualmente, informó Rogelio Márquez Valdivia, presidente de la asociación civil Yo Quiero Volver a Empezar.

De acuerdo con estadísticas del Consejo Estatal de Población, el activista explicó que los ataques sexuales contra menores, en cualquiera de sus manifestaciones (violación, estupro, trata de personas, pornografía, pederastia) son mil 510 mensuales, 18 mil 215 cada año.

Lo grave, agrega el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, es que 90 por ciento de los (padres de los) menores no denuncian esta violencia; sólo el resto (10 por ciento) es conocido por las autoridades judiciales.

Márquez Valdivia anunció que se elaborará un manual dirigido a los padres de familia para capacitarlos para enfrentar la violencia contra menores.

Hay que revisar el marco jurídico, lo que se debe hacer es modificar el Código Penal, que no está adecuado a las necesidades actuales; incluso, es más castigado por la Ley Federal del Trabajo el hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo porque la ley no se aplica, aseguró el también ex delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Susana Hurtado Vallejo, legisladora local priísta, anunció que en el siguiente periodo de sesiones se modificará la legislación estatal para fijar penalidades para menores de 18 años, tras señalar que los primos presuntos violadores de siete primas no deben estar libres, sino bajo tratamiento sicológico y siquiátrico.

Recordó que hace apenas un mes el Ejecutivo estatal presentó la armonización de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, pero sacaremos una norma secundaria para definir cuáles son las obligaciones de los menores y en ella las sanciones.

Hurtado Vallejo admitió que en la legislación actual no está considerado encarcelar a un menor, pero la autoridad está obligada a darles asistencia con especialistas, sicólogos y siquiatras, y más porque aunque son niños tienen antecedentes delictivos.

Sanciones contra adolescentes

Anunció que en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Comisión de la Juventud del Congreso local y organizaciones no gubernamentales se abrirán foros y consultas para añadir un transitorio con las penalidades o sanciones contra menores delincuentes para no dejarlos a su libre albedrío y el de sus padres, porque son violadores en potencia.