La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha registrado 179 afectados del caso Iguala, Guerrero, y 69 de los hechos de Tlatlaya, estado de México, informó el presidente de este órgano, Jaime Rochín del Rincón.

En el grupo del caso Iguala, ocurrido la noche del día 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, relativo a la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se incluyen 98 afectados del club de futbol Los Avispones, cuyo autobús quedó en medio de la balacera aquella noche.

Los principales responsables de procuración e impartición de justicia, así como de atención a los derechos humanos, asistieron ayer a la primera sesión del pleno del Sistema Nacional de Víctimas, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que este rubro no debe sujetarse a obstáculos burocráticos; la instrumentación de mecanismos debe materializarse en justicia y reparación del daño para quienes han sido afectados por algún delito.

El ombudsman pidió a las instancias responsables trabajar en forma coordinada, con servidores públicos plenamente capacitados, y actuar con una perspectiva de derechos humanos. “México no puede dar la espalda a las víctimas… debe ser prioridad de Estado”, advirtió.

Todos merecemos tranquilidad y paz en un país donde nuestros derechos sean respetados y, en caso de que se violen, tengamos certeza razonable de que las conductas ilícitas que se cometen desde el poder se van a sancionar, y que los daños que se causen sean debida y oportunamente reparados, indicó González Pérez.

Pide la SCJN impulsar la protección de garantías como política sistémica

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, señaló que la protección a los derechos humanos debe ser impulsada por los jueces como política sistémica en la toma de decisiones en el Poder Judicial, ante la demanda ciudadana de pleno acceso a la justicia.

La CEAV presentó nuevos modelos para la atención de afectados, y puso énfasis en un esquema para detallar la atención médica –física y sicológica– para las víctimas.

Desde el Sistema Nacional se diseñan las políticas públicas para asegurar el acceso a medidas de atención y hacer realidad la reparación del daño.

Los avances son incipientes, puesto que no se ha logrado actualizar el registro nacional de víctimas ni clarificar una estadística oficial de más de 25 mil personas no localizadas, la magnitud de los casos o el grado de impunidad en las desapariciones.

Por ahora se entregaron las primeras compensaciones por el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio pasado, cuando militares dispararon contra civiles. La CEAV aprobó la primera resolución en favor de una víctima directa y siete indirectas.

Este día empieza un nuevo tiempo. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene ya todos sus elementos para dar resultados trascendentes, señaló el presidente de la CEAV.