La administración federal decidió realizar cambios paradigmáticos en distintos órdenes, y ha entendido que no es fácil cuando se resuelve transformar para llegar a mejores condiciones, romper con tabúes, ejemplos del pasado y costumbres inerciales de varias generaciones.

Así definió el presidente Enrique Peña Nieto la determinación de su gobierno de llevar a la práctica el nuevo sistema de justicia penal, cuando faltan 13 meses para que venza el plazo legal para su instrumentación plena en todo el país.

Aplicar en su totalidad el nuevo sistema procesal penal acusatorio y la adopción del Código Nacional de Procedimientos Penales, destacó, no sólo depende de la voluntad del gobierno de la República, sino del esfuerzo de cada estado.

Corresponderá a la sociedad evaluar y ponderar dónde ha habido un compromiso serio de todos los poderes de cada entidad para asumir la responsabilidad plena frente a este reto, planteó.

Al inaugurar el séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, Peña Nieto insistió en el propósito de lograr justicia pronta y expedita en México.

Hoy somos una sociedad muy distinta de aquella que había cuando se hizo la Constitución de 1917 y que desde entonces mandató la creación de un sistema, hoy diferente, por el que estamos trabajando para una justicia eficaz.

Era un anhelo, dijo, no debida y suficientemente alcanzado.

Por ello, el gobierno federal colocó como prioridad instrumentar la nueva reforma penal. No hemos escatimado esfuerzos para respaldar a los gobiernos estatales en esta importante transición.

El 17 de junio de 2016, cuando deberá aplicarse en todo el territorio nacional el sistema de justicia penal y adversarial, se habrá concretado el cambio de un modelo que estuvo vigente casi cien años, para el cual el Constituyente concedió un plazo ocho años para su total aplicación.

Al insistir en que se trata de un cambio paradigmático en la administración de justicia, señaló que se trata de una materia pendiente y de una deuda con la sociedad.

Llevarlos a su debida instrumentación no sólo significa hacer los cambios legales necesarios para ello. Las leyes por sí mismas no aseguran su debida aplicación. Son las instituciones del Estado donde debe materializarse debidamente, indicó.

El presidente Peña Nieto pidió realizar un cambio cultural, no sólo de las autoridades, sino de todos aquellos que están formándose para ser actores y protagonistas en la puesta en práctica de este nuevo modelo en el país.

Para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal de 2013 a este año se han destinado 9 mil 919.32 millones de pesos, que representan un incremento real de 486 por ciento respecto del periodo 2008-2012.

En la actualidad, en 30 estados opera el sistema procesal penal acusatorio de forma total o parcial, y en 23 se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales.