El Congreso Agrario Permanente (CAP) demandó al gobierno federal ‘‘mano dura’’ para que los propietarios de los campos del valle de San Quintín cumplan con la Ley Federal del Trabajo. Los 13 puntos acordados por los gobiernos federal y de Baja California son ‘‘un avance pero insuficiente para alcanzar los objetivos de los jornaleros para librarse de la esclavitud en que laboran’’, asentó Humberto Serrano Novelo, coordinador en turno del CAP.

Insistió en que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, ‘‘debe forzar a los patrones a que cumplan, esa es su misión independientemente del acuerdo, pues llegó tarde para impedir las malas condiciones laborales’’.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), hizo un llamado a las autoridades para que generen las condiciones de un arreglo que preserve la tranquilidad y paz en la región, pues un boicot internacional puede ser un golpe duro para la economía del estado y para el país.

A su vez, Cosme Amaro, secretario de Asalariados del Campo de la CCC, advirtió: ‘‘Son muchos los obstáculos; los propietarios de los campos de cultivo son un grupo poderoso que influye en las decisiones del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid’’, comentó.