De enero a abril pasado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) autorizó pagar indemnizaciones a por lo menos una decena de familiares y/o víctimas directas e indirectas de delitos de alto impacto que implicaron ‘‘violaciones graves’’ a derechos humanos, entre los que destacan casos como Tlatlaya y el de las índigenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas del supuesto secuestro de varios agentes federales, informaron funcionarios de esa institución.

El primer caso de una víctima indemnizada desde la creación del CEAV lo dio a conocer la propia comisión el pasado 27 de enero mediante un comunicado. Se trata de un pago de 805 mil 582 pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a una persona que sufrió violaciones a sus derechos humanos, por haber acreditado que fue víctima de una detención arbitraria por agentes federales, quienes lo torturaron para obtener su ‘‘confesión’’.

Otro asunto que implicó delitos de ‘‘alto impacto’’ y violaciones graves a derechos humanos es el caso Tlatlaya, por el cual el Estado mexicano resarció en abril pasado con alrededor de 4 millones de pesos a familiares directos e indirectos de 22 personas (presuntos secuestradores) a manos de militares en ese municipio del estado de México.

En el caso Tlatlaya, la CEAV acordó que los familiares de los 22 muertos a manos de soldados fueron ‘‘engañados’’, ya que inicialmente el Ejército les informó que sus deudos fallecieron durante un enfrentamiento, pero con posterioridad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una investigación paralela a la que realizaron autoridades ministeriales, demostró que esa versión es falsa y que los hechos en realidad fueron homicidios dolosos, lo que implicó una acción irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La compensación se acordó a raíz del daño moral, lucro cesante (pérdida económica), gastos, costos judiciales, gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación de las víctimas de los homicidios de Tlatlaya a manos del Ejercito Mexicano, pero sobre todo por el hecho de que a sus familiares no les hablaron con la verdad.

Los recursos provendrán del Fondo de Ayuda, cuyo reglamento fue publicado en noviembre, con 16 meses de retraso. Para 2014, se asignaron 409 millones de pesos al fideicomiso, mientras que en 2015 se agregaron otros 500 millones.

El penalista José Felipe Rosales, abogado especializado en casos de reparación de daño moral y patrimonial, explicó a La Jornada que las víctimas de delitos en el país enfrentan como gran obstáculo a la burocracia de las oficinas gubernamentales para acceder a los fondos de apoyo de la CEAV.

‘‘La víctima ya de por sí viene con el drama penal encima, sobre todo por el hecho de que las oficinas del Ministerio Público son tortuosas. A eso hay que añadir el otro calvario, el de la burocracia que representa tener que demostrar su calidad de víctima ante la CNDH y luego ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas’’, expuso el abogado en entrevista con este diario.

Añadió que, como parte de una reparación integral, la CEAV está obligada a ayudar a las víctimas a reincorporarse a un empleo y a sus estudios, si fuera el caso, así como a solicitar la eliminación de sus datos de identificación en la causa penal que se seguía en su contra. Del mismo modo, se debe otorgar atención médica, sicológica o siquiátrica de forma permanente y garantizar que la persona indemnizada no volverá a ser afectada por sus victimarios.