En el Senado se trabaja en la elaboración de la ley general en materia de desaparición forzada de personas; se analizan más de 30 iniciativas que están en ambas cámaras, con la intención de crear normas jurídicas idóneas que permitan prevenir y combatir ese delito, cometido tanto por autoridades como por integrantes del crimen organizado.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), comentó que se trata de dar respuesta a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, pero también a las miles de familias que desde hace años buscan a hijas, hijos, padres y otros parientes.

Al respecto, el senador del sol azteca Armando Ríos Piter dijo que la cifra oficial es de más de 25 mil desaparecidos en varias entidades, la mayoría dominadas por el narcotráfico y la violencia, como Durango, donde hay 5 mil 293 casos documentados, o Tamaulipas, con 2 mil 139.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, comentó que la nueva ley debe dar respuesta a las víctimas, prevenir y combatir la desaparición forzada y sentar bases que permitan acabar con la impunidad. Comentó que, según estadísticas oficiales, sólo seis de cada 291 averiguaciones previas sobre desaparición forzada de personas terminan con una sentencia.

Por su parte, De la Peña dijo que mientras concluye el proceso de la reforma al artículo 73 de la Carta Magna, por la que se permite al Congreso legislar en la materia, se pretende avanzar en el dictamen de la legislación secundaria.

La intención, agregó, es que la nueva ley ‘‘permita articular un solo tipo penal, una sola sanción de privación de la libertad y sobre todo distinguir dos tipos de delitos: el que tiene que ver con la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado, o la que se comete por particulares. Es decir, los estragos de la delincuencia organizada’’.

Explicó que es muy importante que la legislación configure mecanismos que son indispensables para la persecución del delito de manera eficaz, como un solo registro nacional de personas desaparecidas, otro único para datos forenses (ADN) y un solo protocolo para la declaración de ausencia en el caso de la desaparición de personas.

‘‘Configurar cuál es la característica de estas personas que han desparecido es importante para saber cómo tiene que lograrse la justicia plena y la reparación del daño’’. La senadora perredista recalcó que en la legislación deberá ser prioritario encontrar con vida a los desaparecidos.

Otros puntos que tiene que contener la nueva ley, abundó, son que el delito de desaparición forzada sea imprescriptible, la obligación de autoridades federales y de las 32 entidades federativas de coordinarse, prever un solo mecanismo que articule a las procuradurías o fiscalías para la búsqueda de emergencia y preservar la seguridad de las familias y testigos.