Phoenix, Arizona.

Un juez estatal de Arizona dictaminó que los jóvenes estudiantes indocumentados conocidos como dreamers (soñadores), tienen derecho a beneficiarse de colegiaturas bajas, idénticas al resto de residentes en la entidad.

Arthur Anderson, de la corte superior del condado de Maricopa, sostuvo en su dictamen que son las leyes federales y no las estatales las que determinan quién está de forma legal o ilegal en Estados Unidos.

Los votantes de Arizona aprobaron en 2006 una ley estatal, según la cual una persona que no sea ciudadano o residente legal o se encuentre sin algún estatus legal de residencia carece del derecho a colegiaturas reducidas.

La ley también niega cualquier forma de exenciones, subvenciones, becas o ayuda financiera que provenga en su totalidad o en parte de fondos estatales.

Sin embargo, el juez rechazó en su fallo, emitido el martes, los argumentos de la Oficina del Procurador de Arizona de que los estudiantes aceptados por el programa de Acción diferida para los llegados en la infancia, del gobierno federal, no están legalmente en Estados Unidos.

Anderson señaló que el Departamento de Seguridad Nacional considera que quienes son aceptados bajo el programa tienen presencia legal.

Destacó que a los soñadores se les dan incluso documentos de autorización para el empleo, para que puedan trabajar legalmente en el país, y que la ley de Arizona considera estos permisos como identificaciones elegibles para recibir ciertos beneficios.

“El estado no puede establecer subcategorías de ‘presencia legal’, seleccionar y escoger cuándo se considerará a destinatarios del programa legalmente y cuándo no lo hará”, asentó el juez en su dictamen.

El costo de las colegiaturas en las universidades públicas de Arizona puede llegar a duplicarse para alguien que no sea considerado residente con estatus legal.

El fallo constituye la segunda decisión judicial que beneficia a más de 20 mil soñadores que residen en Arizona, luego de que las cortes estatales y federales ordenaron al gobierno estatal proporcionarles también licencias de conducir.

La corte confirmó que Arizona no puede rodear y evadir los derechos federales conferidos a los estudiantes beneficiados con el programa, dijo Martha L. Gómez, abogada del Fondo para la Educación y Defensa Legal de Los México-Americanos.

“Esta victoria es importante porque educará y preparará a los jóvenes dreamers para que sean el futuro brillante de Arizona”, indicó.

Maldef, junto con otros bufetes de abogados, interpuso, en noviembre de 2013, una demanda en defensa de los estudiantes beneficiados por DACA para obligar al estado a proporcionarles colegiaturas baratas en las universidades públicas de la entidad.