Organizaciones sociales demandaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijar criterios de género y etnicidad en materia de tortura sexual, ante la inminente resolución del máximo tribunal tras el análisis sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por los casos de las mujeres indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de ‘‘tortura sexual’’ por parte de militares.

En Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, los centros de derechos humanos de las Mujeres AC, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, entre otras, indicaron que las sentencias de la Coridh imponen al Estado mexicano diversas obligaciones que deben ser acatadas.

Ayer, los ministros decidieron aplazar la dicusión a fin de relaborar el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, lo que fue aplaudido por las ONG, ya que consideraron que esto ‘‘abre la posibilidad de que éste mejore sustantivamente, no sólo para efectos de que se introduzcan tesis que ya han sido abordadas por la SCJN en otros casos, sino ante todo para desarrollar con mayor detalle las obligaciones jurisdiccionales sustantivas que ambas sentencias imponen a los órganos de justicia mexicanos en materia de tortura sexual, desde la incorporación de las perspectivas de género y etnicidad, en aspectos como la valoración de la prueba’’.

Para que ello pueda ser aprovechado, señalaron, es fundamental que la mayoría de las y los ministros ‘‘asuman que la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país exige mucho más que simples medidas administrativas y cursos para jueces y juezas; se necesitan verdaderas garantías de reparación y no repetición, y un efectivo combate a la impunidad, lo que implica revisar los criterios y las prácticas judiciales aplicables en estos casos’’.

Apuntaron que el análisis en la Corte de las sentencias por los casos de estas dos mujeres indígenas –donde la CoIDH determinó que ambas fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército– puede ser un parteaguas en la impartición de justicia para las mujeres indígenas, como lo fue el caso Rosendo Radilla en materia de control de convencionalidad y fuero militar.

Las ONG detallaron que este análisis, que comenzó el 21 de abril, busca profundizar y desarrollar cuáles son los deberes a los que específicamente se encuentra obligado el Poder Judicial de la Federación. Aunque lamentaron que por momentos la discusión haya develado que la Corte ‘‘vive un periodo de retrocesos’’.

Llamaron a que en el nuevo proyecto se incorporen los contenidos propuestos en la sesión de ayer por los ministros Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar, a fin de lograr ‘‘una sentencia vanguardista’’.